Opinión

¿Quién le pone freno a los aumentos de las prepagas?

Por Dr. Diego Ranieli*

16 de abril de 2024 - 17:23

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, modificó el marco regulatorio de la medicina prepaga permitiendo la liberación de los precios de sus cuotas y aplicando cambios en la redirección de los aportes de salud de afiliados a estas empresas.

Frente a esta situación se presentaron diversas acciones de amparo en el fuero Civil y Comercial Federal en las cuales se busca frenar la vigencia de los cambios introducidos en los artículos 267 y 269 del DNU, y retrotraer los aumentos.

Hay que tener en cuenta que las prepagas treparon desde la desregulación hasta 154%: 40% en enero, 27% en febrero, 20% en marzo, y hasta 19% en abril, según las distintas empresas. Esto es, tres veces por encima de la inflación del período, que rondó el 50% en el acumulado enero-marzo, lo que dificulta a los usuarios poder cubrir esos aumentos.

Es por esto que los amparos contra los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepagas se siguen acumulando en los fueros federales de todo el país, con suerte dispar. Por lo que la preocupación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pasa ahora por evitar el posible dictado de sentencias contradictorias en procesos en donde se ventilan idénticas o similares pretensiones, riesgo al que asigna “gravedad institucional”. Sabido es que el strepitus fori o escándalo jurídico que se genera cuando son pronunciadas sentencias contradictorias sobre un mismo asunto, afecta bases fundamentales de una sociedad de derecho, como la seguridad jurídica o el derecho a la igualdad. Esto pone en jaque la confiabilidad y credibilidad del Poder Judicial. Sobre todo cuando está en juego el derecho a la salud que, por naturaleza, es un derecho de incidencia colectiva, un bien colectivo compartido por el universo de usuarios de los servicios que prestan las empresas de medicina prepagas.

Ya en el año 2014, luego del Fallo “Halabi”, la Corte comenzó a recomendar al Congreso el dictado de una ley que establezca la competencia en materia de derechos colectivos de causas similares. Ante el silencio del Congreso, la Corte creó en el 2014 el Registro Público de Procesos Colectivos, donde deben inscribirse todos los procesos de esas características radicados ante los tribunales del Poder Judicial de la Nación (Acordada 32/2014).

Hace unos días se inscribieron dos amparos colectivos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una por parte del Juzgado Federal 2 de Concepción del Uruguay y la otra del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 2 de San Martín. La decisión que se tome en ellos afectará al total de los afiliados involucrados en la presentación y podría frenar los incrementos de las cuotas.

El problema es que aún no se determinó quién deberá resolver la catarata de planteos colectivos contra los incrementos. El Máximo Tribunal deberá resolver dónde tramita el amparo colectivo. Al parecer la Corte espera que este tema se resuelva en el ámbito político, tal cual su criterio expresado en diversos temas dilucidados en el pasado.

Mientras tanto desde el PEN el primero que alzó la voz sobre este tema fue el ministro Caputo en sus redes sociales: “Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”.

Ahora el Gobierno nacional amenaza con tomar medidas administrativas y judiciales contra las empresas por presunta “cartelización” y “abuso de posición dominante en el mercado” por los incrementos de las cuotas de enero, febrero y marzo. Hacia adelante, el Poder Ejecutivo pretende que las compañías de servicios médicos congelen sus tarifas por al menos dos meses para amortiguar el impacto en la inflación. Ante este aumento de belicosidad entre el Gobierno y las prepagas, hay incluso quienes aseguran que el PEN se presentará ante la Justicia para peticionar que se retrotraigan los aumentos.

(*) Abogado.

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