Están acusados de estafas, ejercicio ilegal de la medicina y malos tratos contra los pacientes. Hay otros ocho imputados.
PÌEDRA LIBRE. Investigan si tra la clausura en Derqui, los acusados abrieron otra comunidad clandestina en Moreno.
La justicia analiza dictar la prisión preventiva contra los dueños de una comunidad terapéutica que funcionaba de manera clandestina en la localidad de Presidente Derui. Ambos ya fueron detenidos y están acusados de haber cometidos una serie de delitos graves contra los pacientes, como estafas reiteradas, ejercicio ilegal de la medicina, privación ilegítima de la libertad.
El titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 de Pilar, Germán Camafreita solicitó al Juzgado de Garantías 7, a cargo del juez Walter Seattone, el dictado de la prisión preventiva para los imputados Rolando Ángel Alvisi y Michelle Esther Gómez Marrero. Ambos fueron señalados como los propietarios de la comunidad terapéutica Nuevo Camino, de Derqui.
Además de Alvisi y Marrero –que ya están aprehendidos-, hay otros ocho imputados por los mismos dleitos.
En marzo de este año, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció graves violaciones a los derechos humanos en la comunidad terapéutica clandestina Priorizar, perteneciente a los mismos dueños y que funcionaba en el partido de Moreno. El organismo interviene en la causa como particular damnificado institucional.
La causa penal se inició en 2023 con la denuncia de dos de las víctimas de la comunidad terapéutica Nuevo Camino, de Pilar. La denuncia señala que, durante años, promocionó tratamientos para personas con consumos problemáticos, proveyendo fármacos sin personal médico idóneo ni prescripción de recetas, y manteniendo a las personas alojadas sin la posibilidad de abandonar la internación de acuerdo a su voluntad. Señalan, además, que la Comunidad funcionaba sin habilitación.
Los denunciantes declararon las agresiones físicas padecidas, la violencia, amenazas, la prohibición para recibir visitas de sus familiares y la aplicación de medicamentos sin recetas, diagnóstico ni tratamiento indicado por profesional médico, entre otros abusos.
Según la fiscalía, “tanto Rolando Alvisi alias ‘Rolo’, director del lugar, Marrero Gómez como su mano derecha y administradora y el resto de los operadores (…) actuaron en forma conjunta para llevar a cabo las acciones relatadas y su responsabilidad encuentra sustento en los numerosos testimonios”.
La instrucción judicial determinó que al menos 38 personas fueron víctimas de esta organización delictiva: personas con problemas de adicciones o de salud mental cuyas familias pagaban todos los meses un servicio de asistencia que la comunidad no brindada. Además de carecer de habilitación legal, el lugar no reunía los mínimos requisitos para su funcionamiento: “inexistencia de profesionales de la salud y de un equipo interdisciplinario, la ausencia de control médico y psicológico de los pacientes, así como las deficientes condiciones edilicias, de seguridad, higiene, salubridad y alimentación, y la falta de protocolos de actuación ante emergencias, constatándose asimismo condiciones de hacinamiento”, enumera el fiscal.
Muchas de las víctimas declararon sobre el uso ilegal de fármacos como parte del falso tratamiento: los operadores suministraban de medicamentos ocultos en una bebida conocida por las mismas víctimas como “jugo loco”. La “ingesta era impuesta de manera compulsiva, valiéndose de violencia física y verbal mediante coacciones bajo la amenaza de un mal mayor como castigo (tales como ser sumergirlo a una piscina con agua helada y mantenerlos en la intemperie), todo ello sin intervención, tratamiento, prescripción ni supervisión de profesionales médicos”, señala la fiscalía.
La causa fue impulsada por la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), por cuyo intermedio llegó el caso a conocimiento de la Comisión Provincial por la Memoria que, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, monitorea las comunidades terapéuticas. En marzo de este año, el organismo realizó una inspección en otra comunidad, ubicada en Moreno, que pertenecía al mismo dueño
