La Justicia de San Isidro clausuró preventivamente una comunidad terapéutica de Pilar, a la que investiga por graves irregularidades luego del suicidio de un interno.
La Justicia clausuró una comunidad terapéutica de Pilar por graves irregularidades
El centro no estaba habilitado. Detectaron malas condiciones de alojamiento, trabajos forzados, abuso de medicamentos y falta de atención profesional.
La medida fue adoptada por el juez Nicolás Horacio Strobino, a cargo del Juzgado de Familia 1 de Pilar. Determinó que, mientras duren las actuaciones, no podrán ingresar nuevos pacientes en la comunidad terapéutica Oasis del Ser, de La Lonja. De esa forma, hizo lugar a la acción colectiva interpuesta por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que, inspeccionó y denunció las condiciones de internación padecidas por los usuarios, informó la agencia Andar.
Según se dio a con cocer, el lugar funciona sin habilitación, sin equipo interdisciplinario y con un régimen de vida basado en la modalidad de premios y castigos sin abordajes terapéuticos necesarios.
Por sorpresa
La investigación se había iniciado a partir del suicidio de un joven oriundo de Neuquén por el que la Fiscalía remitió información a la CPM, cuyo equipo interdisciplinario de Salud Mental llevó a cabo una inspección sorpresiva.
El establecimiento es de gestión privada, funciona en Pilar bajo el nombre de Oasis del Ser y alojaba a 14 personas. Al llegar al establecimiento el equipo de la CPM fue recibido por quien se presentó como su director, Rubén Ramos. También se mantuvo entrevista con la psicóloga Cintia Riccardi y realizaron entrevistas voluntarias, individuales y confidenciales con las personas alojadas.
Durante la inspección, se relevaron las condiciones materiales, de seguridad e higiene, se accedió a historias clínicas y se solicitó documentación institucional.
De acuerdo al informe del organismo, la comunidad incumplía con lo establecido por la ley nacional de salud mental 26.657 y la ley 26.529 de derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado.
Asimismo, relevaron graves vulneraciones de derechos: irregularidades administrativas como la falta de habilitación sanitaria, irregularidades en los ingresos, principalmente el uso de violencia y secuestros, privación ilegítima de la libertad, incumplimiento de la ley de salud mental respecto a la modalidad de abordaje.
También administración de medicación de manera irregular, régimen de vida restrictivo y utilización de la modalidad premio-castigo, ausencia de atención médica clínica, alimentos vencidos, trabajo sin remuneración, extraterritorialidad en el abordaje, irregularidades en el control de legalidad de internaciones.
De las entrevistas realizadas con los usuarios se pudo establecer que pagan entre $700.000 y $1.600.000, que los ingresos se realizan contra su voluntad, con el empleo de engaños y violencia, mediante “secuestros” realizados con mucha violencia y sin ninguna notificación a los juzgados que deberían intervenir.