El tercer intento de reforma laboral del gobierno libertario sigue los conocidos lineamientos del DNU 70/23 y la Ley Bases. La realidad nos muestra que desde diciembre de 2023 sólo se han perdido puestos de trabajado formales, frente a un pobre crecimiento del cuenta propismo y el trabajo informal, a la vez que se han cerrado innumerables fuentes de trabajo, y no sólo Pymes.
Pese al cierre de empresas, el proyecto de ley cuenta con el apoyo de las principales entidades empresariales; pretende fortalecer la posición de los empleadores a quienes les otorga atribuciones sobre las condiciones de trabajo y de organización familiar, y a quienes les transfiere recursos multimillonarios; a la vez que pretende la destrucción de los sindicatos y la consecuente quita de derechos a los trabajadores.
A grandes rasgos sus ejes son
En primer lugar se crea el Fondo Asistencia Laboral para pagar futuras indemnizaciones por despido; el que es obligatorio, implica 3% de la masa salarial y que la patronal deducirá de las contribuciones al Régimen de la Seguridad Social. En pocas palabras, los jubilados pagarán los futuros despidos. Duele pensar que quienes administren estos recursos, cobrarán por ello sus jugosas comisiones a costa del dinero y de los derechos de los trabajadores.
Además se reduce el aporte patronal hacia las obras sociales del 6% actual, al 5%, aumentando el desfinanciamiento de las obras sociales, en claro perjuicio de los trabajadores y sus familias.
El proyecto de ley, sigue con lo que se planteó con el DNU 70/23 y 340/25, e intenta nuevamente reglamentar los servicios esenciales de forma tal de hacer imposible realizar una huelga, al considerar a todas las actividades esenciales o de importancia trascendental, obligando a garantizar el 50% o el 75% de servicio. Viola así la Constitución Nacional y toda la legislación internacional sobre derecho de huelga.
Subordina la realización de asambleas y congresos de delegados, a la autorización de los empleadores y no devengaran salario.
También se da primacía a la negociación colectiva por empresa o región, a la vez que habilita la negociación a la baja, es decir con menos derechos para los trabajadores, quita la ultraactividad amenazando todos los convenios actuales, para obligar a los sindicatos a negociar desde cero, tal como se intentó con la Ley Banelco (Ley 25.250).
Se desfinancia a los sindicatos quitando la obligación patronal de retener aportes, sólo podrían retener con conformidad expresa la cuota de afiliación, no pudiendo retener otros aportes convencionales. Elimina la protección de la tutela sindical para representantes con cargos suplentes y de congresales. Limita el crédito horario.
Se promueve la formación de sindicatos de empresa, a la vez que habilita a las comisiones internas a negociar a la baja.
El proyecto modifica en perjuicio de los trabajadores el 25% de la LCT.
Busca acuerdos individuales con los trabajadores, para obligarlos a aceptar el banco de horas, las jornadas flexibles, y así terminar con el recargo de las horas extras; aprueba el fraccionamiento de vacaciones, su otorgamiento en todo el año, reduciendo el plazo de notificación a 30 días; facilita la tercerización, habilita la reducción salarial luego de una reincorporación por enfermedad o accidente, reduce la indemnización por despido, limita las acciones judiciales a los trabajadores.
A los trabajadores de plataformas, se les cristaliza la situación actual, sin reconocimiento de la relación de empleo, sin aguinaldo, vacaciones, ni estabilidad, obra social, ni jubilación.
Se pretenden derogar los estatutos del Periodista, la ley de Viajantes, la ley de teletrabajo.
Escondidos en el profuso articulado de la ley, se pretende, entre otros, eliminar la Justicia Nacional del Trabajo, en perjuicio de los trabajadores y sus organizaciones. Se limita la tasa de interés en los reclamos laborales.
Posibilita la habilitación para pagar salarios, que hoy solo puede hacerse en bancos, en billeteras virtuales sin control estatal.
Se eliminan las principales fuentes de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), del Instituto Nacional del Teatro (INT) o el Instituto Nacional de la Música (INAMU).
Frente a este avance, hoy se encuentran en peligro los trabajadores argentinos, su presente y su futuro, y con ellos el futuro de la patria. Se define la posibilidad de mantener viva la opción de construir una patria justa para todos. Para conseguirlo debemos tener conciencia de la grave situación que nos toca, como de lo importante que resulta pasar a la acción como única forma de remediar el tremendo avance contra los derechos y las garantías de los trabajadores, y frenar la destrucción del modelo productivo nacional.
Entre los trabajadores no pueden haber excusas ni defecciones, en la dirigencia sindical tampoco. La resistencia debe tomar las calles en todo el país, hacerse visible e incontenible. Es en defensa propia y también de una larga tradición argentina de lucha obrera que, una vez más, es puesta a prueba.