EN SUS TÉRMINOS DE USO

El gobierno bonaerense denunció a Netflix por cláusulas abusivas

Detectó que los términos de la contratación infringen la ley de Defensa del Consumidor “mediante una redacción compleja y poco clara”. La empresa ya ha sido notificada”.
sábado, 27 de agosto de 2022 · 08:12

El Gobierno bonaerense imputó de oficio a Netflix por inclusión de cláusulas abusivas en sus términos de uso en infracción a la ley de Defensa del Consumidor, según informó el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

A través de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, la provincia de Buenos Aires detectó la inclusión de cláusulas abusivas incorporadas en los términos y condiciones de Netflix en infracción a la ley de Defensa del Consumidor.

Así, se constató, analizando los “Términos de Uso de Netflix” que rigen la contratación, que la empresa, “mediante una redacción compleja y poco clara, impone a sus usuarias y usuarios cláusulas que se presentan abusivas”.

Se detectó que los pagos que realicen los consumidores “no serán reembolsables ni se otorgarán créditos en favor del consumidor en ningún caso”, lo que para la Provincia “genera confusión y error en el usuario, y la falsa creencia de que nada podrá reclamar una vez efectuada la contratación y realizado el pago, aun en supuestos de incumplimientos de la empresa, falta o defectuosa prestación del servicio”.

También se percibió que se establece una cláusula de exoneración y/o limitación de responsabilidad, “imponiendo a sus usuarios la renuncia a futuros reclamos por la prestación del servicio y a los daños que se les pudieren generar, declarando por anticipado que el servicio de Netflix puede presentar interrupciones y errores y se ofrece en esas condiciones, sin garantías, lo que resulta además violatorio al deber legal de garantía que poseen todos los productos y servicios conforme la ley Nacional de Defensa del Consumidor”.

Otra de las irregularidades detectadas por la provincia fue la de “obligar a renunciar a sus usuarios a la posibilidad de iniciar reclamos en forma colectiva y/o a participar de acciones colectivas de reclamo en defensa de sus derechos”.

 

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