Histórica sanción a la Ley de respuesta integral al VIH

El proyecto de ley no está sólo referido al VIH, sino que incorpora en una misma normativa a las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y la tuberculosis. El único voto negativo provino del PRO: Humberto Schiavoni.
viernes, 1 de julio de 2022 · 09:55

Con esta nueva Ley se apunta a la erradicación de las prácticas discriminatorias; la prohibición definitiva de la prueba del VIH y otras ITS como parte de los exámenes preocupacionales y el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos. De este modo, se busca una respuesta más enfocada en los derechos humanos de las personas VIH+, dejando de lado una perspectiva mbiomédica.

 

La votación se definió casi por unanimidad:  60 votos a favor y uno negativo: el titular del bloque PRO, Humberto Schiavon. Así se oficializó la nueva Ley de respuesta integral al VIH, elaborada en conjunto con organizaciones que vienen impulsando esta reforma desde 2013.

 

¿Qué establece la nueva Ley?

Primeramente, establece la posibilidad de jubilarse anticipadamente o de acceder a una pensión no contributiva de carácter vitalicio en caso de situación de vulnerabilidad social. Esto es debido a que los años de medicalización producen un "envejecimiento prematuro", mientras que "la discriminación histórica" obstaculiza derechos básicos, como el empleo y con ello la posibilidad de acceso a una vivienda y una vejez digna.

Por esto, se plantea la creación de dos nuevos regímenes de la seguridad social para personas con VIH o hepatitis B o C: una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 de aportes y al menos 10 años como persona positiva; y una pensión no contributiva igual al 70% del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

 

Foco en las personas gestantes:

La iniciativa, además,  destina todo un capítulo a "las mujeres y personas con capacidad de gestar", consagrando los derechos que les asisten en relación al acceso a la información (sobre su propia salud y la del bebé, pero también sobre las opciones de parto "favoreciendo el derecho al parto vía vaginal"), así como a la atención integral durante el embarazo y posparto.

 

 

Derechos humanos:

Cuando hablamos de una mirada integral y no biomédica, nos referimos a cuestiones discursivas que permiten construir una retórica de derechos humanos no enfocada en un esencialismo biológico ni, mucho menos, arquetípico. Se hará foco entonces en  "poblaciones clave y/o en mayor vulnerabilidad" identificadas por Onusida (personas transgénero, personas que ejercen el trabajo sexual, varones que tienen sexo con otros varones, personas en situación de encierro y/o personas que usan sustancias psicoactivas). Sin enumerarlas, la Ley fija sanciones para distintos incumplimientos de la ley, y crea el Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación en relación a la condición de persona positiva.

El texto también deroga el decreto Decreto 906/95 que establecía la obligatoriedad del test para ingresar o permanecer en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y crea instancias para combatir la "criminalización por la sola condición de la infección".

 

Deuda histórica:

"Se sancionó una deuda histórica con los activismos y militancias. Pero no solo eso, sino que es un reflejo de lo que necesita nuestra salud pública. Por eso es tan importante y tan preocupante que se haya pateado tanto, de pensar que nuestras vidas no son prioritarias, de que nuestros derechos no son urgentes", indicó al medio Página|12  el periodista y activista VIH+, Lucas Fauno, quien celebró la sanción de la ley junto a las numerosas organizaciones que habían montado un escenario en la plaza frente al Congreso.

 

 

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