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SUSCRIBITE La Justicia ordenó la detención de dos directivos, dos profesionales y una trabajadora administrativa de la comunidad terapéutica clandestina “Resiliencia San Fernando”, de La Lonja, por la muerte de cuatro internos durante un incendio ocurrido en febrero pasado.
Los detenidos por orden del juez de Pilar Nicolás Ceballos, a pedido del fiscal Germán Camafreitas, están acusados por homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre.
Son el codirector de la comunidad, Alejandro Merenson, la vicedirectora Eliana Wadrick, la funcionaria administrativa Alejandra Machado, el psiquiatra Fabián Samsolo y la psicóloga Alejandra General. Se suman al director del centro, Alan Emmanuel Cambra, que ya estaba detenido desde pocos días después del siniestro.
De acuerdo a un comunicado de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), “el establecimiento no estaba habilitado y las personas allí alojadas estaban sometidas a aislamiento extremo, castigos, sobremedicación y un abordaje tratamental que no respetaba la ley de salud mental”.
La CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como Particular Damnificado Institucional en la causa, informó el organismo.
El nombre de Alejandro Merenson, uno de los detenidos, se había vuelto conocido a partir de las investigaciones del periodista Pablo Galfre con otros casos similares en centros de salud mental, algunos de ellos también con consecuencias fatales.
El incendio
El martes 22 de febrero, cuatro personas murieron durante un incendio en el centro “Resiliencia San Fernando”. El edificio no poseía ningún matafuego, ni plan de contingencia en casos de emergencia, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, impidiendo las tareas de rescate intentadas por los mismos usuarios, señala el informe de la CPM.
Las víctimas, sobremedicadas por el coctel de psicofármacos que les suministraban, ni siquiera tuvieron la posibilidad de reaccionar ante siniestro.
Las cuatro personas fallecidas tenían entre 25 y 40 años. Otras 22 personas internadas en la comunidad sobrevivieron, algunas de ellas quedaron con secuelas emotivas y psíquicas que agravaron su condición de salud mental.
Pocos días después, el director de la comunidad Alan Emmanuel Cambra Sarife fue detenido por orden del fiscal Germán Camafreita Steffich, a cargo de la investigación. Ahora, con el avance de la pesquisa, la Justicia ordenó la detención de otras cinco personas que cumplían funciones directivas, técnicas y profesionales en el establecimiento.
Las imputaciones se realizaron por 16 hechos que incluyen los delitos de homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre.
Condiciones extremas
Al momento del incendio, 26 personas con problemas de adicción estaban alojadas en la comunidad terapéutica San Fernando condiciones inhumanas.
De acuerdo a la investigación, los usuarios estaban reducidos a una condición de servidumbre, bajo voluntad de los imputados. “Las víctimas permanecieron allí medicadas y encerradas, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad, salubridad, en condiciones de hacinamiento y sin la alimentación requerida y adecuada, comprometiendo de esta manera la integridad física y mental, como así también la dignidad de los allí alojados quienes se hallaban en situación de extrema vulnerabilidad por sus condiciones físicas y psíquicas”, describe el fiscal.
También determinó que los imputados conformaron una asociación ilícita que, simulando dirigir una comunidad terapéutica, mediante engaño, ocultando que carecía de habilitación, y aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de las víctimas, cobraban un canon por la supuesta prestación de un servicio de salud integral, que no era tal, ocasionando de esta manera un perjuicio patrimonial en las víctimas y sus familias.
Con distintos roles en la comunidad y en calidad de coautores, los directivos Alan Cambra, Alejandra Merenson y Eliana Wadrick, y la funcionaria administrativa Alejandra Machado están acusados de los delitos de homicidio, reducción a la servidumbre, asociación ilícita y estafas. Los profesionales médicos Fabian Samsolo y Alejandra General están acusados por los mismos delitos, con la excepción de las estafas.
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“Riesgo permanente”
La Comisión Provincial de la Memoria apuntó contra la “desidia judicial frente a las reiteradas denuncias y la falta de controles estatales sobre los dispositivos de salud mental” y aseguró que esa situación es la que “permite que estas comunidades sigan funcionando al margen de la ley”.
“No se sabe con certeza cuál es la cantidad de comunidades terapéuticas que funcionan en la provincia ni en qué condiciones lo hacen. En esa situación de abandono, los usuarios y usuarias de este tipo de comunidades están en riesgo permanente”, advirtió el organismo.
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