El Ministerio de Salud le quitó la habilitación

Tras fuertes denuncias cierran granja de rehabilitación

Trascendieron videos de su administrador amenazando con un arma de fuego a los internos. Hablan de disparos al aire y de pacientes que quedaban “empastillados” durante días.
martes, 8 de junio de 2021 · 20:36

La granja de rehabilitación San Antonio, de Villa Rosa, fue clausurada luego de que su administrador, Nicolás Perrone, amenazara con un arma de fuego a los internos, situación que se produjo a mediados de abril y por la cual quedó detenido.

Desde el año 2013, en el lugar fallecieron tres pacientes en circunstancias dudosas, y pese al pedido de cierre de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), hasta el momento solo había sufrido una clausura provisoria por problemas edilicios. Ahora, Perrone está detenido tras ser denunciado penalmente por las propias familias de los jóvenes.

El diario Página 12 publicó una serie de testimonio de familiares de los pacientes del centro de rehabilitación de Villa Rosa. Todos coinciden en que en el lugar no permitían las visitas de los familiares por supuesta indisciplina de los internos y que las amenazas con armas de fuego se repetían con varios de ellos internos. Más de una vez Perrone efectuaba disparos al aire y también se narra que a algunos pacientes los tenían “empastillados” por lo que permanecían tres o cuatro días tirados sin poder moverse.

Además de los testimonios, hay videos en los que se ve a Perrone amenazando con su arma, equipado con chaleco antibalas. Esos videos llegaron al periodista Pablo Galfré, autor del libro “La Comunidad: Viaje al abismo de una granja de rehabilitación de adictos”, quien investiga hace años las muertes en comunidades. Galfré notificó la situación a la CPM, que intervino presentando la denuncia en la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 de Pilar y se ordenó el allanamiento de la granja. Entre otras cosas, fue secuestrada una Taurus 9 milímetros, proyectiles y el chaleco antibalas. Perrone aún se encuentra detenido y la causa ya fue elevada a juicio.

El 7 de abril último, la CPM presentó un habeas corpus colectivo entendiendo que los chicos que habían quedado en la comunidad estaban en riesgo. El pedido fue rechazado por el Juzgado de Garantías Nº 6, a cargo de Nicolás Ceballos, pero el lugar fue finalmente clausurado a instancias del Ministerio de Salud provincial, que dio de baja la habilitación de San Antonio.

Por su parte, Galfré propone crear una unidad especial que investigue estos casos y subrayó que “en los últimos años me fui enterando de varios fallecimientos más, casi todos en Pilar salvo uno que es de La Plata. Hay muchos casos en comunidades terapéuticas y hay un vacío total por parte del Estado, las muertes en contexto de encierro en salud mental están naturalizadas bajo la idea de que el pibe adicto se suicidó porque la adicción lo llevó a eso. Claramente no es así. Incluso en casos donde quizás no hay un acto criminal, hay que investigar si hubo negligencia”.

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