La empresa Ausol, concesionaria de la autopista Panamericana y del Acceso Oeste, espera que venza el congelamiento de los peajes decidido por el Gobierno de Alberto Fernández para aplicar las tarifas que, según el contrato vigente, deberían haber comenzado a regir desde los primeros días de este año.
De acuerdo a un documento que se hizo público en las últimas horas, los cálculos de la empresa señalan que -de no regir el freno tarifario- los autos particulares estarían pagando entre $90 y más de $100 cada vez que atravesaran las barreras.
Así surge de una nota fechada el 28 de noviembre del 2019, días antes de terminar el gobierno anterior. La misiva fue enviada por los directivos de Ausol y estaba dirigida al entonces gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones de la Dirección Nacional de Vialidad, Ezequiel Christie Newbery.
En ella, incluye un pedido de actualización del 50% en el peaje de la Panamericana, que llevaría el actual mínimo de $60 pesos a los $90. Si se aplicara el mismo porcentaje para los valores de hora pico, actualmente en $75, llegaría a $112,5.
Esos son los valores actualizados por inflación, por lo que a la actualidad, el reclamo podría ser aún mayor. Pero a esto podría sumársele aún la actualización que exige la empresa por el acuerdo de renegociación contractual por el que el Estado accedió a compensar parte de lo que la empresa reclamaba por el congelamiento del peaje durante parte de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, unos 540 millones de dólares. Esa cláusula llevaría el peaje a $162.
Investigación
En la actualidad, el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, está analizando los escenarios posibles para junio, cuando vencerá el congelamiento.
Mientras tanto, realizan una profunda auditoría sobre el contrato firmado por el macrismo, que está siendo objeto también de una investigación judicial.
En las últimas semanas, Katopodis ratificó que “van a ser revisadas las concesiones a Autopista del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GSO), de los accesos Norte y Oeste, que ya están judicializadas”.
En ambos casos, hay procesos judiciales en marcha por supuesta “negociación espuria” durante la prórroga de los contratos de concesión. La causa está radicada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral por el pago de 500 millones de dólares a la española Abertis, que maneja tanto Ausol como GSO. Ausol, que era propiedad de la empresa de la familia Macri, también se acogió a la ley de blanqueo de capitales.
La extensión del contrato fue aprobada por el gobierno de Macri en julio de 2018.
Ayer estaba prevista la declaración de una testigo clave en la causa judicial. Se trata de la ex Directora Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro, Silvina González Napolitano, la abogada que estuvo a cargo del trámite por la demanda que la concesionaria le había hecho a la Argentina ante el CIADI, por supuestos atrasos tarifarios.
El magistrado debe determinar si hubo negociaciones incompatibles y fraude al Estado con la prórroga del contrato y la entrega de 540 millones de dólares a la concesionaria de la Panamericana, de la que era accionista Socma, empresa de la familia Macri.
Por esa causa están imputados, entre otros, el expresidente Mauricio Macri y su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
$112,5
Podría costar el peaje en hora pico si se aplica el aumento que reclama la concesionaria.
El dato
El Juez Rodolfo Canicoba Corral investiga a Mauricio Macri y Guillermo Dietrich por supuestas irregularidades en la renegociación del contrato con Ausol.
