El congelamiento de algunos precios decido por el gobierno encontró un rechazo inesperado. La empresa Ausol, concesionaria la autopista Panamericana, manifestó su malestar por la medida, que consideró inconsulta, y hasta amenazó con llevar el reclamo a la Justicia.
Mientras tanto, le puso el freno a las obras que había acordado -y que ya estaban demoradas-, entre ellas las colectoras del ramal Pilar y el estratégico nuevo puente del K50.
Ausol, junto al Grupo Concesionario del Oeste (GCO), envió una carta a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el cual advierten que sus departamentos legales “analizarán los cursos de acción necesarios con el objeto de poner a resguardo sus derechos”.
Durante el año pasado, tras las audiencias públicas realizadas en el teatro Lope de Vega, en Pilar, las empresas y el gobierno firmaron los contratos renegociados para mantener las concesiones hasta el 2030. Una de las condiciones nuevas fue la de incrementar los peajes en forma semestral y de acuerdo a la inflación calculada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), la cual se actualiza con el índices de precios al consumidor nacional.
En enero pasado, las tarifas aumentaron el 33%. Desde entonces, dependiendo de los ramales, los peajes de Panamericana pasaron, según los ramales, de $45 a $60 (Debenedetti Márquez); de $50 a $65 (Tigre) y de $ 55 a $ 75 (Pilar-Campana, los más caros).
El nuevo esquema también modificó las bandas horarias en las franjas promoción y valle para las categorías 1, 2 y 3 de vehículos, reduciendo las horas en las que se cobre la tarifa de promoción. Además, eliminó la obligación de las concesionarias de levantar las barreras en caso de espera.
Canal de diálogo
En las notas que Ausol y GCO enviaron a la Bolsa de Comercio se aclara que ambas sociedades ya enviaron a Vialidad los cuadros tarifarios surgidos de la actualización de los valores previstos en el acuerdo integral de renegociación de sus contratos, “para posibilitar la entrada en vigencia de las nuevas tarifas de peajes”.
Sin embargo, agregan que las autoridades informaron a sus ejecutivos sobre los anuncios económicos dispuestos en materia de tarifas de servicios, advirtiendo que no podrán aplicar los cuadros tarifarios referidos “mientras continúen en vigencia dichas medidas”.
Por ese motivo, las dos empresas admiten que seguirán cobrando los precios que fueron establecidos el 5 de enero pasado, aunque fuentes del sector aseguran que el Gobierno deberá abrir un canal de diálogo para evitar la judicialización de la causa.
Según los contratos, las subas semestrales pueden adelantarse si el coeficiente del CER es superior al 10% desde la última actualización de los peajes. Sin embargo, a partir del paquete de medidas Abertis no podrá aplicar la actualización tarifaria por lo que resta del año más allá de que la inflación acumula más de 11% en el primer trimestre y esperarse que en abril se ubique por encima del 4%.
Precios fuera del congelador
Pese a las medidas que lanzó el Gobierno de Mauricio Macri para moderar el alza de la inflación, hay algunos precios de alto impacto que no quedaron alcanzados.
De hecho, antes de imitar la medida nacional, gobernadora María Eugenia Vidal convalido la suba del 33% en las tarifas de los peajes de las rutas provinciales.
También quedó afuera el aumento del agua, que Aysa aplicará este mes: un 27%, que se sumará al 17% que ya tuvo lugar en enero.
Los combustibles líquidos también aumentaron esta semana, entre un 3% y un 6%, según la decisión de cada compañía.
En mayo también aumentarán un 7% las cuotas de la medicina prepaga, otro de los servicios que quedaron afuera de los acuerdos.
