El vicepresidente de la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (Scipa), Santiago Piermarini, aportó un dato que eleva el voltaje de la polémica que la entidad viene sosteniendo con el Municipio en torno a la venta ilegal.
Según relató el empresario, tiene serios indicios para creer que alguien desde adentro del gobierno local avisa a los vendedores ante una denuncia, lo que les da tiempo para escapar antes de que lleguen inspectores.
Piermarini relató que él mismo comprobó la situación en varias oportunidades, y que hace casi un año la puso en conocimiento del Director General de Comercio, Alejandro Sampietro, pero hasta el momento no obtuvo una respuesta.
La comprobación de Piermaini fue casi detectivesca. Tras varias quejas de comerciantes ante situaciones similares, en las que los vendedores huían siempre entre la denuncia y la llegada de los inspectores, él mismo tomó cartas en el asunto.
“Me parecía raro, entonces verifiqué llamando a la oficina (municipal). Enseguida sonaba el celular al vendedor ilegal y se retiraba. A los 5 minutos pasaba la camioneta de inspección. Tres veces pasó lo mismo, mucha casualidad”, dijo Piermarini, quien contó que observaba todo el procedimiento a unos 20 metros.
“El último caso fue en la esquina de mi empresa. Tenía toda la vidriera tapada de tapers. Los vendía un nene de 9 años, pero estaba cerca el padre, en una Eco Sport 0 kilómetro”, relató.
Tras llamar a inspección, vio cómo el hombre recibía una llamada y rápidamente cargaba la mercadería en la camioneta para alejarse rápido, antes de la llegada de los verificadores.
“Le sonó el celular al que hombre y se fue. Está recontra comprobado. No digo todos los inspectores, pero algunos… el problema lo tienen adentro”, señaló.
En una entrevista radial, Piermarini contó que transmitió la situación a la secretaría de Desarrollo Económico, a cargo de Guillermo Lindoso, y a Alejandro Sampietro”. El primero ya no forma parte del gobierno, pero el segundo sigue en el cargo.
“Se los comunicamos varias veces, y tengo acá en mi celular fotos que reenvié de vecinos y comerciantes. Ellos reportaban a la oficina de inspección y (los vendedores) se iban y volvían”, señaló.
El último hecho fue denunciado a principios de junio del 2018, hace poco menos de un año. Hasta ahora, Piermarini dijo que nadie le comunicó que se haya tomado una acción con la información que pasó.
Por eso, se mostró molesto con el jefe de asesores, Jorge Storni, quien le aconsejó hacer una denuncia penal si tiene indicios de irregularidades. “No señor, yo soy un empresario y tengo que trabajar todos los días. El que cobra sueldo para eso es el funcionario”, sostuvo Piermarini.
