Cableado: una maraña de legislación que crece desde hace dos décadas

Las imágenes de postes caídos, cables cortados y marañas que esconden el cielo abundan todos los días en el centro y los barrios de cada localidad. Y también inundan las redes.
El uso del espacio aéreo municipal es objeto de controversias que se reflejan en largos debates, con puntos de vista irreconciliables y pocas soluciones concretas. Algo parecido ocurre con la legislación.
Desde hace casi dos décadas, los sucesivos gobiernos de Pilar vienen apostando a diferentes recetas legislativas para conciliar intereses contrapuestos: el derecho de los ciudadanos a un entorno amigable y el de las empresas de servicios a tender sus redes que, por lo demás, también son requeridas por la población. El resultado salta a la vista.
Uno de los primeros intentos por poner en caja el problema fue la ordenanza 49/01, sancionada en el convulsionado 2001, bajo la administración de Sergio Bivort. 
La norma obligaba a todas las empresas que prestaran servicios por cable -tanto electricidad como Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)- a tender sus nuevas redes de manera subterránea. Las ya existentes por aire quedaron al arbitrio de una reglamentación del Ejecutivo que nunca llegó.
Muchos vieron en aquella norma una ordenanza construida a medida para proteger a los operadores de cable locales del desembarco el gigante Cablevisión, que desde 1997 contaba con un uso conforme de suelo. 
La ordenanza nunca se aplicó hasta su derogación, a mediados del año pasado, a instancias del gobierno de Nicolás Ducoté. La nueva legislación autoriza a las empresas a colocar sus postes aéreos, pero pone plazos para que presenten planes de soterramiento. El primero, que abarca una porción del centro de Pilar, vence el próxiomo 2 de febrero. Por lo demás, establece que en el 2028 todos los cables del distrito deberán estar bajo tierra.

Madera
En 2002, un año después de sancionada la fallida ordenanza que del cableado subterráneo, se legisló otra, la 18/02, que obligaba a la distribuidora eléctrica Edenor a reemplazar los postes de madera que sostenían transformadores por otros de hormigón. 
La norma, impulsada por el entonces concejal radical César “Pocho” Martino, le daba a la empresa 120 días para cumplir. 
Edenor no solo no acató la ordenanza, sino que cuestionó en la Justicia la autoridad del Municipio para obligarla a cumplirla. Fue al recurrir una multa impuesta en 2004 por el juez de Faltas Sebastián Zamarripa -aún en el cargo- por sostener en postes de madera transformadores que, para colmo, contenían PCB, una sustancia prohibida por ser probadamente cancerígena. Los tribunales le dieron la razón al Municipio. 
De todos modos, en 2008 el gobierno de Humberto Zúccaro desistió de las acciones judiciales y suscribió un convenio con Edenor para estirar los plazos del recambio de postes a 5 años a partir de esa fecha. 
Pero pasaron aquellos 5 años y otros 5 años más y Edenor siguió sin cumplir: en la actualidad, siguen cayendo en los barrios postes de madera que sostienen transformadores. 
Para Martino, autor de la ordenanza, la razón es que “estas empresas, como Edenor, a las que un gobierno permitió que se apropiaran de cosas del Estado no tienen escrúpulos, van a hacer todo en contra de la gente. Ni siquiera nos ven como clientes porque como son monopólicas creen que tenemos que rendirles culto”. 

Reclamos
En 2016, el actual gobierno sancionó una ordenanza que obliga a las empresas a reponer o reparar postes que generen peligro dentro de los 3 días de efectuado el reclamo. Y establece multas de 100 sueldos básicos por día, que se destinarán a obras de cableado subterráneo. Esa ordenanza tampoco se hace cumplir.