La Justicia ordenó a la empresa de telefonía Claro a resarcir a un vecino de Pilar con 100 mil pesos, por incumplir las condiciones de un plan. No obstante, el vecino sólo pretende el correcto funcionamiento del servicio, por lo que pidió que ese dinero fuera donado a una entidad de bien público.
Pilarense le ganó un juicio de $100 mil a Claro
Es por el incumplimiento en un plan de telefonía con Internet libre. Todo el proceso comenzó en 2013 y ahora fallaron a su favor. Donará el monto a un hospital de niños.
En el hecho intervino el Juzgado Nº 12 de San Isidro, y el fallo -de primera instancia- está sujeto a la apelación de la empresa.
Trama
Hace unos cuatro años, R. contrató un plan de telefonía de Claro con internet libre. La empresa modificó ese plan sin advertir al usuario y, llegado cierto límite de consumo, la velocidad de transmisión de datos caía drásticamente a menos de la mitad, dejándolo prácticamente sin conexión.
"La gente tiene que animarse a reclamar, pero la mayoría se desanima porque los juicios son largos”, expresó a El Diario Sergio Bivort, abogado del damnificado y especialista en derechos del consumidor.
Dicho juicio "comenzó en 2013 –época en que las compañías promulgaban planes con internet 3g libre- y pasaron cuatro años de controversia hasta llegar a este punto. Pero la realidad es cada vez más común que haya denuncias a empresas con sentencias favorables para los consumidores”.
Perjudicado por esta situación, R. primero realizó un reclamo administrativo en la oficina de Defensa del Consumidor en la Municipalidad, y llegó a un acuerdo con Claro, que se comprometió a restituirle el servicio. Pero la empresa no cumplió.
Con ese antecedente, el vecino inició un reclamo judicial y, tras varios años de controversia, la sentencia ordenó a Claro restituirle el servicio con internet libre, tal como figuraba al momento de firmar el contrato. Pero, al mismo tiempo, recibió una indemnización por daños morales, y la compañía fue sancionada con una multa civil que rondará los 100 mil pesos.
Donación
Esta sanción económica representa una innovación en este tipo de casos y no está destinada al usuario damnificado, sino a una entidad de bien público a pedido de los denunciantes: el Hospital de Niños de San Isidro.
"Pedimos que el monto se destinara a una entidad de bien público porque el usuario no quería aprovecharse económicamente de la situación. Solo exigía la restitución del servicio”, recordó Bivort, agregando que "la Ley de Defensa al Consumidor prevé expresamente que estas multas civiles sean a favor del usuario, pero en este caso puntual, solicitamos que el monto sea derivado y la jueza hizo lugar al pedido”.
Por otra parte, "si bien el actor está domiciliado en Pilar, al desarrollarse el juicio en el Departamento Judicial de San Isidro, no fue una entidad local la que recibió el beneficio. Es una pequeña muestra de la importancia de tener un departamento judicial propio”, indicó Bivort.
El dato
El monto será destinado al Hospital de Niños de San Isidro, ya que el Juzgado que así lo decidió está ubicado en esa ciudad.