La Corte Suprema de Justicia podría expedirse el próximo jueves sobre el aumento en la tarifa de gas, medida que se encuentra frenada por un fallo de la Cámara Federal de La Plata.
En la Corte confían en que el martes o a más tardar el miércoles próximo, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, elevará su dictamen respecto a la suba de tarifas -que tiene carácter no vinculante- y de esa forma el máximo tribunal ya contará con todos los elementos para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
De este modo, la causa será tratada por el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, y por los demás jueces que integran en la actualidad el tribunal, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, ya que el jurista Carlos Fernando Rosenkrantz jurará como nuevo ministro el lunes 22 de agosto.
La decisión de abordar el tema tarifas el próximo jueves fue dada a conocer ayer a la tarde por una fuente cercana al máximo tribunal.
"Los secretarios letrados están trabajando desde hace semanas en el tema y seguramente la semana próxima la Corte abordará la cuestión de fondo planteada por la Cámara Federal de La Plata”, dijo la fuente.
"La facultad del Poder Ejecutivo para fijar las tarifas de los servicios públicos no está en debate ni siquiera en el fallo de la Cámara platense”, agregó el portavoz.
A principios de julio, cuando la Cámara Federal platense frenó el aumento de las tarifas y lo hizo extensivo a todo el territorio nacional mediante una medida cautelar pedida por una asociación de usuarios, no objetó la decisión dispuesta por el Poder Ejecutivo sino el hecho de que el Ministerio de Energía no haya seguido los pasos legales previstos, que incluyen una audiencia pública que no fue convocada de manera previa a la instrumentación de la suba.
El expediente llegó de manera formal a la Corte el lunes, luego que el tribunal platense diera vía libre al recurso presentado por la Procuración General del Tesoro, pero con efecto "devolutivo”, lo que dejó vigente el freno a la implementación del nuevo esquema de tarifas diseñado por el Gobierno que contempla topes en las subas de hasta 400 y 500% para usuarios residenciales y PyMEs y comercios, respectivamente.
