El presidente del Colegio de Abogados de San Isidro (CASI) Guillermo Sagues, mostró su preocupación ante una nueva medida de fuerza adoptada por los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
Si bien el letrado aseguró que no interfieren en el conflicto y respetan el derecho a la protesta, remarcó: “nosotros nunca cuestionamos la legitimidad del reclamo pero sabemos que hay límites y responsables directos por encima” y agregó: “la Suprema Corte es el primero porque los jueces tienen que salir a cubrir y redoblar los esfuerzos, atender a la gente y no dejar que las causas queden paralizadas”.
En Pilar, el paro afecta a la atención en las fiscalías y los juzgados, sobre lo que el abogado lanzó: “en los juzgados de familia es tremendo porque la acumulación de causas se da rápidamente y se deben tratar de esa manera, pero el efecto es contrario” y señaló que se ponen lentas “las actuaciones que deberían hacer los juzgados”.
Y en ese contexto, Sagues aseguró: “la virulencia de la medida repercute en el trabajo de los profesionales, los abogados somos los intermediarios y la perjudicada es la gente que es la que sostiene con su dinero al Poder Judicial”.
Al tiempo que disparó: “un poder del Estado está paralizado” y cerró: “le generan muchísimo daño a la gente que espera decisiones de la Justicia y a los abogados”.
Reclamo
Los trabajadores judiciales de la Provincia de Buenos Aires cumplen hoy la segunda jornada del paro de 72 horas que comenzaron ayer. El gremio rechazó una oferta de 25,5% en tres tramos para todo el año que consistía en un 5% en enero, 10% en marzo y 10,5% en julio. Reclama un aumento cercano al 45%.
Además, pide la sanción de la ley de paritarias, la restitución del 3% de antigüedad recortada entre 1996 y 2005 y el bloqueo de título para los Peritos.
También pretende la transformación automática de los auxiliares 3º a 1º al año de antigüedad, la universalización del cargo de Jefe de despacho en todas las dependencias, la licencia por violencia de género y el pase a planta permanente de contratados, pasantes y tercerizados de limpieza.
En tanto, la justicia en lo contencioso administrativo de La Plata ordenó al gobierno bonaerense a que en un plazo de tres días hábiles convoque a los estatales enrolados en la Ley 10.430 a continuar con la negociación paritaria, por el amparo presentado por SOEME, negociación que el Ejecutivo daba por cerrada.
“Los abogados somos los representantes de la gente ante la Justicia y pedimos que ésta funcione”.
Guillermo Sagues.
