por Alejandro Lafourcade
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Durante mucho tiempo, gran cantidad de vecinos de Pilar debieron acostumbrarse a ir cada bimestre a la oficina de Gas Ban, fotocopia de DNI en mano, para no pagar el cargo al gas importado. Algunos eran optimistas y creían que la Justicia terminaría fallando a favor de los consumidores. Otros ven ahora confirmada su peor pesadilla.
Como indicó El Diario en su edición de ayer, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró constitucional el Decreto 2067, que creó el cargo por el costo del gas importado.
El recurso de amparo llevaba casi cinco años esperando una resolución definitiva de la Justicia, que debía decidir si los aumentos son o no constitucionales.
Finalmente, la Corte avaló que la Ley 24.076 -de marco regulatorio del gas- autorice la importación sin necesidad de contar con aprobación previa por parte del Congreso. Ahora, la decisión de la Corte debería estar acompañada de la consiguiente exigencia para que el consumidor pague lo que no venía abonando, aunque –claro está-, habrá que esperar para saber si el Gobierno tomará de inmediato una medida tan impopular en un año electoral.
“Desde el punto de vista eminentemente jurídico, aquellos que estaban suspendiendo el pago tendrían que pagarlo –expresó a El Diario Sergio Bivort, director de Defensa del Consumidor-, pero creo que desde el punto de vista social van a tener que llegar a algún tipo de solución, porque va a haber un montón de gente que no podrá pagar”.
El funcionario señaló que “la gente se confía” esperando un fallo judicial favorable, aunque aclaró que “si bien cargos como ese son situaciones que ‘perjudican’ al consumidor, no son producto de la mala acción de una empresa, sino que es una decisión del Gobierno en un acto administrativo”. Así, “puede pasar lo que finalmente pasó”.
Por esto, Bivort afirmó que “hay que ser cauto cuando se incita a la gente a no pagar algo, cuando ese perjuicio no surge del abuso de una empresa”. Y comparó el caso “con la tasa en el combustible que cobran algunos municipios (como Pilar): hubo un fallo de primera instancia en La Plata declarándolo inconstitucional, pero ahí no acaba el tema, que todavía tiene un largo camino por recorrer”.
El caso del cargo al gas importado, al ser una decisión de Estado, está relacionado con el derecho administrativo, y no con la defensa del consumidor en su sentido más estricto. En este sentido, los casos de los pilarenses estaban siendo tomados por la Defensoría del Pueblo, que desde un primer momento asesoró a vecinos sobre el trámite para suspender el pago hasta que saliera el fallo.
“Defensa del Consumidor –explicó Bivort- apoya a los ciudadanos ante los abusos de una empresa o un comercio, pero si la medida viene del Estado es diferente”. No obstante, reiteró que “claramente deberá tener una solución que no pierda de vista lo social, porque el que estuvo varios años sin pagar, de golpe abonar todo junto se le va a hacer muy complicado”.
Y agregó: “Con los que no pagaron, alguna solución van a tener que encontrar, porque serán morosos que no van a poder asumir los costos”.
