Mucho se ha hablado en los últimos años sobre las veredas y su estado. También sobre el mantenimiento y el control de las mismas. Mucho se ha dicho y poco se ha hecho, más allá de algunas iniciativas aisladas y muy circunscriptas.
Todo eso quedó en el ojo de la tormenta en un caso que tuvo lugar en octubre de 2005, llegó a la Justicia y tuvo sentencia a fines del año pasado. El hecho tuvo lugar en Presidente Derqui cuando una vecina, Stella Maris Sosa, se tropezó con una barra de hierro en la vereda de un corralón de materiales, cayó y se fracturó el codo.
Dos años después, patrocinada por el abogado Juan Manuel Moraco, la mujer inició una demanda por daños y perjuicios. En el proceso se aportaron testigos y diferentes pericias que le permitieron, nueve años después del incidente, ganar la batalla judicial en el Juzgado Civil y Comercial 2 de San Isidro que tiene como juez a Mariano García Franqueira.
“La cuestión debatida merece especial atención, sobre todo teniendo en cuenta el mal uso que algunos frentistas pueden darle a la vereda en forma habitual”, precisó Moraco, quien resaltó “el doble sentido del fallo”. “Por un lado cumple el rol de reparar el perjuicio sufrido por la víctima y por el otro sanciona económicamente al comerciante por las consecuencias dañosas derivadas del mal uso de la vereda”, argumentó.
En este sentido, Moraco subrayó que “sería de importancia que el Municipio ejerza un rol más activo para sancionar el mal uso de la vereda como mecanismo de prevención para futuros accidentes, dado que la Justicia en este caso ha tomado intervención sobre un hecho consumado”. Y agregó: el control es una potestad propia del Municipio”.
La historia
El hecho sucedió el 15 de octubre de 2005, cuando Sosa caminaba por la calle Pacheco hacia la ruta 234. Según el fallo, al llegar al frente del local de Cerámica París tropezó con “una barra metálica de aproximadamente 3 metros de largo, del tipo hierro de construcción, que se encontraba tirada sobre la vereda, sobresaliendo por la puerta de acceso del comercio mencionado”. A consecuencia, cayó sobre la vereda y se dañó el codo izquierdo por lo que debió ser llevada al hospital Domingo Mercante de José C. Paz.
Poco antes de la prescripción del evento (hay dos años para iniciar una demanda), Sosa se presentó ante la Justicia y lo denunció. Ante la requisitoria judicial, Ana María Ornik, titular del corralón, contestó la demanda y solicitó su rechazo. En su descarga, alegó que “desde 2003 a la fecha de contestación de la demanda no fue propietaria ni explotadora de comercio alguno…”. Aseguró que el local estaba cerrado, sin actividad comercial, que la vereda estaba en perfecto estado y destacó que “le resulta inexplicable por qué la mujer dejó transcurrir tanto tiempo del supuesto acontecimiento”.
A la hora de los testigos, la parte querellante ofreció tres testimonios que aseguraron presenciar el accidente, constataron la existencia de una varilla de hierro y además confirmaron que el comercio seguía funcionando. A través de su exposición, el perito médico atestiguó el daño físico debido a la fractura de la cúpula radial del codo izquierdo
En el fallo, el juez García Franqueira destacó que “esto acredita la relación entre la caída y los daños de la mujer”, al tiempo que desestimó los testimonios de los testigos de la otra parte.
El juez mencionó que “la demandada se limitó a negar la existencia del evento y a decir que no explotaba el comercio y que el mismo no estaba en actividad”. Pero también eso fue derribado por las pruebas. En 2007, el oficial notificador se presentó en el comercio y fue atendido por un empleado, quien le confirmó que la señora Ornik era la dueña del lugar pero no lo iba a poder atender. “De esto surge que en mayo de 2007 la explotación del comercio se encontraba en cabeza de la demandada y que tenía actividad”, indica el fallo.
“Sería importante que el Municipio ejerza un rol más activo para sancionar el mal uso de la vereda”. Juan Manuel Moraco.
