Los vecinos pedirán ayuda al Estado provincial para evitar el desalojo.
La letra de la notificación emanada por el juzgado Civil y Comercial Nº 11 de San Isidro habla en el lenguaje frío de los expedientes: “se notifica que el 20 de septiembre del 2011, a las 5 de la mañana, se procederá al lanzamiento de los moradores de la parcela citada”. Para las familias que recibieron el escrito en los últimos días, sin embargo, fue un golpe mortal.
Son cinco las familias del barrio Alto de los Cachorros, de Del Viso, las que desde que ven en el documento judicial una espada de Damocles que amenaza con arrebatarles todo lo que de material pudieron lograr en su vida: una vivienda humilde que, en algunos casos, fue creciendo junto con la familia.
La odisea comenzó hace poco más de un año, cuando los vecinos comprendieron –vía intervención de la Justicia- que quienes les habían vendido los terrenos sobre los que edificaron sus casas y sus vidas no eran sus verdaderos propietarios.
Para ese entonces, varias familias ya llevaban una década viviendo en esos predios ubicados al 200 de la calle Luis Agote, una zona humilde que en los últimos años fue creciendo de la mano del boom comercial y habitacional que se expandió a ambos lados de la autopista.
Resistencia
Las casas que construyeron las familias que ahora viven la amenaza del desalojo son de material y en algunos casos tienen hasta dos plantas.
Esa es la situación con la que se encontraron los responsables de la comisaría 7ª cuando, en los últimos días, recorrieron el lugar que tendrán la orden de desalojar en menos de una semana.
No se trata de un asentamiento precario ni de carpas armadas con la intención de ocupar un terreno, sino de casas que contienen hogares e historias que sus moradores difícilmente abandonen sin más ni más. Por eso, en el barrio se teme que el desalojo sea violento ante una resistencia que aparece como inevitable.
Con el acompañamiento de dirigentes locales del Partido Obrero, los vecinos esperan agotar hasta la fecha límite todos los caminos judiciales y políticos a su alcance.
Así, se espera que un grupo viaje hoy a La Plata para entrevistarse con los legisladores provinciales que, en su momento, habían barajado la posibilidad de expropiar el predio para vendérselo luego a las familias que lo habitan.
Ese proceso había sido iniciado por la diputada Liliana Piani, de la Coalición Cívica, a instancias de la referente local de ese partido, Marcela Campagnoli.
Pero a nivel local, la iniciativa no tuvo acompañamiento. El bloque oficialista del Concejo Deliberante rechazó declarar de interés público el terreno. Según la presidenta de esa bancada, Liliana Alfaya, eso equivaldría a “convalidar una usurpación”.
Ahora, los vecinos no descartan manifestarse en la Legislatura provincial y hasta encadenarse al edificio para pedir que se sancione el proyecto que suspenda el desalojo que, por ahora, sigue siendo una amenaza inminente.
