Los vecinos se reunieron ayer en asamblea para decir cómo resistir.
por Diego Schejtman
El feriado del 17 de agosto no fue un día más para cinco familias del barrio Los Cachorros. Ese día, un instructor judicial llegó en su bicicleta hasta la calle Luis Agote al 200 para entregarle a Fernando Ariel Cabral una notificación que le cambió la vida a él y a sus vecinos: en diez días, deberían dejar sus casas.
La situación se parece a muchas otras en todos los barrios del distrito. Familias que compraron sus terrenos a precios bajos para el mercado inmobiliario formal –unos 7 mil pesos por cada uno, según boletos de compraventa- y que, años más tarde, se ven involucradas en juicios de desalojo.
“Nosotros tenemos nuestras casas de material, no son ranchos. Ahí están todas las moneditas que pudimos juntar, nuestro trabajo de años”, dijo Cabral, que ayer llegó a El Diario acompañado por el resto de los vecinos.
Cabral levantó su casa en el terreno ahora en disputa hace unos diez años. Las otras familias están ahí desde hace diez, siete y cinco años.
Aseguran que, hasta ahora, habían tenido un único antecedente de un reclamo sobre las tierras en las que viven. Fue en diciembre del 2008, cuando tuvieron una audiencia de mediación con los reclamantes, Jorge Luis Gaute, Susana Vázquez y Miriam Fariña.
“Fuimos con un abogado y llevamos los papeles que tenemos de los terrenos. La jueza nos dijo que nuestras cosas estaban prolijas y le pidió a la otra parte que presentara la escritura, que no tenían”, contó Cabral.
Ese fue el último contacto que tuvieron con la causa hasta las cédulas de desalojo recibidas el 17 de agosto. Ese día empezó la cuenta regresiva que, de no mediar otra solución, terminará el viernes próximo con el desalojo compulsivo de los vecinos.
En realidad, fueron tres las notificaciones que recibieron el mismo día, la primera de ellas fechada en abril. Y aunque sólo llegó a los habitantes de los lotes 19 y 20, también hace referencia a sus vecinos de los 7 y 8.
Resistencia
La primera intención de los vecinos fue la de buscar ayuda en el Municipio. Allí aseguran haber sido atendidos por la directora de Tierras, Ola Santiago, quien no les habría ofrecido soluciones.
“Nos discriminó, me preguntó si soy paraguayo y me llamó ‘negrito’. Yo le dije que soy de la provincia, no de Paraguay. Pero no nos ofreció ninguna solución”, contó Cabral.
El Diario intentó comunicarse con Santiago, pero desde la Dirección de Tierras informaron que la funcionaria no está autorizada por el Ejecutivo a efectuar declaraciones a la prensa.
Hasta ahora, el único lugar del que recibieron ayuda fue el Partido Obrero (PO). La dirigente de esa fuerza, Nora Eliçabe, adelantó que en la mañana de hoy, abogados de esa fuerza política harán una presentación judicial ante el juzgado de la jueza Marta Capalbo, quien ordenó la medida.
Anoche, al cierre de esta edición, los vecinos realizaban una asamblea para decidir los próximos pasos.
“Queremos una solución: o que nos dejen quedarnos o que nos den algo por las construcciones que tenemos que dejar. No pueden dejar a los chicos en la calle”, sostuvo Cecilia, otra de las vecinas.
Entre las posibilidades que analizan está la de bloquear el tránsito en la Panamericana. “Nos apoyan todos los vecinos del barrio, más de cien personas. Así nos van a tener que ver”, dijo la vecina.