Tratado del Pilar: antecedentes, el pacto secreto y una duda eterna

El contexto histórico bajo el que se firmó el acuerdo. La existencia de un tratado secreto. ¿Se rubricó en la capilla del Pilar Viejo, "al pie de la Virgen" o en un campamento cercano.

domingo, 21 de febrero de 2010 · 00:00

 

Imagen original del acuerdo firmado en 1820 en Pilar.

 

 

por Aldo Abel Beliera, especial para El Diario de Pilar*

 

El 1º de febrero de 1820 las tropas al mando de los generales Estanislao López, gobernador de Santa Fe, y Francisco Ramírez, caudillo entrerriano, se enfrentan en la cañada de Cepeda (Santa Fe) con las fuerzas porteñas dirigidas por el general José Rondeau, logrando derrotar a este último y provocando la caída del llamado Directorio de Buenos Aires.

Con la renuncia de Rondeau se suprime el Directorio y a su vez se disuelve el Congreso, exigencias éstas solicitadas por los caudillos federales, quienes también desconocen la autoridad que pretende ejercer el Cabildo; reclamando la creación de una Junta de Representantes y la elección de un gobernador legal a efectos de llegar a un acuerdo de paz.

Una vez formada la Junta de Representantes asume el poder y elige gobernador a Manuel de Sarratea, partiendo éste el 21 de febrero de Buenos Aires para reunirse con Ramírez, el cual se hallaba acampado en el Pilar. El doctor Vicente Fidel López, testigo presencial de ciertos hechos, siendo un niño traza la siguiente semblanza del gobernador Sarratea y de la entrevista de éste con Ramírez: “vivo y ágil, tenía la más completa tranquilidad para acceder y faltar a toda clase de compromisos. Soltaba las palabras, las promesas, los arreglos y las conveniencias, accediendo siempre a todo aquello que podía sacarlo de la dificultad presente; y contando con que, por los mismos juegos, podía salir de todas las dificultades, cualquiera que fuese el que se clavase, o la deslealtad que lo pusiese a sus anchas. Por sorprendentes que sean estas habilidades en el manejo de los expedientes, rebajan indudablemente el nivel moral de los hombres que las tienen, y casi nunca pasan a ser instrumentos poco apreciables. Pero no hay que negar que, en muchas ocasiones, despejan dudas y sirven para poner expedita la vía”.

Entraba, pues, Sarratea en el campo de los montoneros, se hizo recibir bien y lo prometió todo con exquisita facilidad. No existe ningún documento que ponga en claro cómo se desarrollan las conversaciones previas a la firma del tratado de paz. Pero, por lo que resulta al término de ellas, puede suponerse que las exigencias de Ramírez son de naturaleza muy diversa.

Unas, de fondo, se relacionan con el contenido del tratado en trámite. Otras, más bien de forma, corresponden al pago de “los gastos de la guerra”, que en este caso, como en casi todos los de la historia, al término de una contienda, han de correr a cargo del vencido, en esta oportunidad, Buenos Aires. Ramírez reclamaba, dinero, soldados para él y para su lugarteniente el militar chileno José Miguel Carrera, fusiles, sables, municiones, monturas y algunas embarcaciones de la escuadrilla porteña, para trasladar todos estos elementos a la provincia de Entre Ríos. 

Sarratea acepta todas las condiciones que el vencedor impone, pero cuando Ramírez habla de penetrar en Buenos Aires con sus tropas, y de la necesidad de que sea disuelta la Junta de Representantes, Sarratea comienza a poner reparos, aunque sin negarse a nada, respondiendo, y estas también son las palabras del doctor Vicente Fidel López, que “en cuanto a fusiles, sables, municiones, monturas, escuadrillas y dinero, ninguna dificultad se ofrecería; pero el ejército federal no debía pretender por lo pronto entrar a la ciudad; porque con eso se corría el riesgo de indignar el orgullo de los porteños, sin ventaja positiva. Él sabía que la Junta de Representantes estaba compuesta por enemigos suyos y de los federales; pero sólo haciendo la paz podía asegurarse bien como gobernador, y contar con fuerza moral y partido para cambiar completamente esos estorbos”.

Ramírez acepta estos razonamientos y el 23 de febrero de 1820 acepta firmar con Sarratea el histórico Tratado del Pilar, el cual contiene dos partes: pública la una, secreta la otra. La parte que se hace pública no contiene una cláusula que merezca la más remota crítica, ni de parte de los más enconados enemigos de los jefes federales que lo imponen.

El doctor Vicente Fidel López, siempre dispuesto a encontrar irregularidades en los procedimientos de Ramírez, admite que la principal – él dice única – importancia del Tratado impuesto por el caudillo entrerriano consiste “en el propósito íntimo que revelan los pueblos disidentes de reconstruir su preciosa nacionalidad. Ninguno renegaba de ser argentino, ninguno pretendía formar republiquita, sino que miraban como una gloriosa herencia de toda la comunidad de la patria y la unidad del carácter nacional. Este organismo íntimo de la vida argentina, respetado por los caudillos de Entre Ríos y Santa Fe, fue consagrado por el convenio del Pilar como una aspiración nativa de los pueblos”.

El general Mitre, también enemigo de aquel, pero mucho más sereno y ecuánime en sus juicios, sostiene que ese Tratado es: “la piedra fundamental de la reconstrucción argentina bajo la forma federal”. Y luego agrega que: “esa Convención revela un plan de organización futura, traza rumbos generales, establece nuevas relaciones políticas entre los pueblos, y fija reglas generales de derechos políticos con propósitos coherentes. Es un nuevo pacto político con arreglo a un nuevo sistema de Gobierno que, de hecho, tiende a convertirse en derecho.

Dos grandes principios dominan ese Tratado: la nacionalidad y la federación. Las partes contratantes, interpretando el voto de la nación, se reconocen parte integrante de la nacionalidad argentina, y al firmar la paz, sellan nuevamente la unión, considerando el aislamiento como un accidente pasajero.

Admiten la federación simplemente como un hecho, y libran su resolución a lo que en definitiva declaren los diputados de los pueblos libremente elegidos, sometiéndose de antemano a sus deliberaciones”.

 

 

 

 

*Esta investigación completa está publicada

 en la página www.presidentederqui.com.ar a quien agradecemos además su cortesía.

 

 

Resumen del Tratado

Una síntesis de 12 puntos que hicieron historia

 

El Tratado del Pilar, después de una introducción, en la que se deja constancia de que las partes contratantes resuelven poner fin a la guerra, para “concentrar sus fuerzas y recursos en un gobierno federal”, contiene doce artículos, cuya síntesis es la siguiente:

Las provincias signatarias se pronuncian a favor de “la federación”, cuya existencia “de hecho admiten”, con la aclaración de que tal pronunciamiento deberá ser confirmado o no por los diputados de todas las provincias, en un Congreso que ha de reunirse en el Convento de San Lorenzo “a los sesenta días contados desde la ratificación de esta Convención”.

Las hostilidades cesan el mismo día de la firma del tratado, debiendo retirarse “las divisiones beligerantes de Santa Fe y Entre ríos a sus respectivas provincias”. Este segundo artículo, cuyo acatamiento por parte de los federales está condicionado al cumplimiento de las cláusulas de un segundo convenio, al que no se menciona, pues es valor secretamente entendido entre él y Sarratea, que los federales sólo han de retirarse cuando se les cancelen los “gastos de guerra”. 

Los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, “recuerdan a la heroica provincia de Buenos Aires, cuna de la libertad de la Nación”, la difícil situación en que se encuentra la Banda Oriental, invadida por un ejército extranjero, “y aguardan de su generosidad y patriotismo auxilios proporcionados a la orden de la empresa, seguros de alcanzar cuanto quepa en la esfera de lo posible”.

Establece que las aguas de los ríos Paraná y Uruguay sólo podrán ser navegadas libremente por embarcaciones de las provincias amigas “cuyas costas sean bañadas por dichos ríos”.

Decreta una amnistía general.

Fija ante cualquier diferencia que pueda surgir, respecto de los límites provinciales, será sometida “a la resolución del Congreso General de Diputados”.

Las partes contratantes admiten, “porque esta medida es muy particularmente del interés de los jefes del ejército federal”, que la causa principal de la guerra, la deposición del régimen directorial, “ha sido obra de la voluntad general por la repetición de crímenes con que comprometía la libertad de la Nación, con otros excesos de una magnitud enorme”.

Declara libre el comercio de armas entre las provincias federales.

Ordena la libertad de todos los prisioneros de guerra “después de ratificar esta convención”.

10º Aunque las partes contratantes estén convencidas de que todos los artículos arriba expresados son conformes con los sentimientos y deseos del excelentísimo señor Capitán General de la Banda Oriental, don José Artigas, según lo expresado el señor Gobernador de Entre Ríos, que dice estar autorizado por dicho señor excelentísimo para este caso; “no teniendo suficientes poderes en forma, se ha acordado remitirle copia de esta acta para que, siendo de su agrado entable desde luego las relaciones que pueda convenir a los intereses de la provincia de su mando, cuya incorporación a las demás federadas se miraría como un dichoso acontecimiento”.

11º Determina las condiciones en que abandonarán la provincia de Buenos Aires las tropas federales, “a las 48 horas de ratificados estos tratados”.

12º Por fin, precisa en dos días el término concedido para aquella ratificación, “o antes, si fuese posible”.

 

 

Varios historiadores coinciden acerca de su existencia

 

El acuerdo secreto

En cuanto al contenido del Tratado Secreto firmado entre Sarratea, Ramírez y López, se relaciona exclusivamente, con la forma en que la provincia de Buenos Aires debe pagar “los gastos de guerra” y en la ayuda que prestará para proseguir la guerra contra los portugueses. Si bien este Tratado no ha sido encontrado hasta la fecha, si es que realmente quedaron constancias escritas, pues también pudo tratarse de un convenio verbal, ha dado lugar a que se interprete en las formas más diversas.

De no haber existido tal Tratado Secreto, la permanencia de Ramírez y López con sus tropas frente a Buenos Aires, durante dos meses, equivaldría a un abuso. Pero aquel tratado, aunque Sarratea lo haya desmentido, existió. No hay un solo historiador que lo niegue. Y para ello vamos a remitirnos a las propias palabras de algunos de ellos.

Dice el general Mitre que el 14 de marzo de 1820 “presentó Sarratea al Cabildo un oficio original de Ramírez”, en el que le insinuaba que entre los tres gobiernos signatarios del Tratado del Pilar, “se había acordado secretamente por separado, para no inspirar alarma al Gobierno portugués, que se darían al ejército federal por remuneración de sus servicios e indemnización de gastos, por auxilios prestados por deponer a la facción realista -los directoriales-, la cantidad de 1.500 fusiles, otros tantos sables, 24 quintales de pólvora y 50 de plomo, cuya entrega total habían impedido los mencionados realistas, apoderándose violentamente del mando”.

Dice también Mitre que en la misma nota -que consta en actas del Cabildo correspondientes al 15 de marzo de 1820 – Ramírez pide, en atención a los nuevos servicios prestados al gobierno de Sarratea por el ejército federal, “se duplicase el número de armas y municiones acordado, y que además se le entregase un vestuario y una cantidad de dinero, todo a la mayor brevedad, pues no esperaba más para retirarse”.

El Cabildo da su conformidad a esta nueva exigencia, y el general Mitre, admitiendo la existencia del Tratado Secreto, hace el siguiente comentario: “No sólo hizo entrega – se refiere a Sarratea – de nuevas entregas de armas a los generales de la federación, sino que también armó y equipó a la llamada división chilena de don José Miguel Carrera, autorizándolo a levantar bandera de enganche a dos leguas de la ciudad, y a extraer soldados de sus cuarteles, con el objeto declarado de ir a combatir contra Chile, aliado de la República Argentina”.

Ravignani publica varios documentos relativos a los compromisos secretos relacionados con el Pacto del Pilar. De su análisis se deduce sin mucho esfuerzo que Sarratea se comprometió a proporcionar armas, municiones y vestuario a Ramírez para combatir a su propio jefe, y por el otro lado, a hacer valer su influencia ante el general portugués a fin de que no pasara el Uruguay.

Esos documentos son dos órdenes de Sarratea del 4 de marzo disponiendo que se entregasen armas sin especificar su destino, una nota de Ramírez a Sarratea del 13 de marzo y el Acta del Cabildo del día 15, en acuerdo con el gobernador y miembros de la Junta de representantes.

Dice el oficio de Ramírez a Sarratea: “cuando firmaron el tratado de paz de 23 de febrero último se acordó “secretamente por separado”, para no inspirar alarma ni motivar contestaciones por ahora con el gobierno portugués, que se daría al último de mi mando en remuneración de sus servicios e indemnización de gastos en la cooperación que había prestado para deponer la facción realista que tenía oprimida al país, el auxilio de 500 fusiles, 500 sables, 25 quintales de pólvora y 50 de plomo, y que se repetiría según las necesidades que tuviese el Ejército…”.

 Por su parte el doctor Vicente Fidel López, dando también por indudable la existencia de aquel convenio, hace este comentario: “Aumentase el encono del vecindario cuando se conocieron las estipulaciones secretas del Convenio del Pilar, Sarratea había hecho entregar a Ramírez 1.500 fusiles, igual número de sables, trabucos de bronce, lanzas y municiones con los correajes respectivos. El parque había quedado limpio, según se decía, y la ciudad estaba ya indefensa en las garras de sus feroces enemigos. A don José Miguel Carrera se le auxiliaba con 700 fusiles y con todos los chilenos capaces de servir que pudiese hallar en Buenos Aires, ya fuesen ocupados en trabajo a jornal, ya en los cuerpos armados, para que marchase a Cuyo y formarse allí una división para invadir a Chile y derrocar a O’Higgins”.

Estos mismos puntos de vista son sostenidos por otros historiadores, entre ellos los entrerrianos Martín Ruiz Moreno y Benigno T. Martínez.

 

 

 

Documento del pacto secreto.

 

 

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