La Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) manifestó su “preocupación” y “firme rechazo” a la Tasa de Protección Ambiental que a través de una modificación introducida por el Municipio, dejará de cobrar un monto fijo de 75 pesos por cada compra en supermercados y grandes superficies comerciales para pasar a percibir el 2% del valor de la compra descontando el IVA.
En una carta abierta dirigida al intendente Federico Achával, SCIPA consideró que la medida “adoptada sin la debida consulta institucional y sin instancias de diálogo previo con las entidades representativas del sector privado, constituye un serio retroceso en términos de previsibilidad fiscal, sostenibilidad económica y articulación público-privada”.
A su vez advirtió sobre el impacto “negativo directo e indirecto” que el cobro de la tasa puede provocar en el comercio de Pilar. “A través de múltiples relevamientos entre nuestros asociados, hemos detectado un claro consenso sobre el impacto negativo que esta tasa generará en diversos sectores económicos”.
En ese sentido detalla que provocará un “incremento de costos no trasladables al precio final, especialmente en un contexto de contracción del consumo y recesión”.
SCIPA además advierte sobre la “pérdida de competitividad frente a municipios vecinos” como Escobar, Malvinas Argentinas y Tigre, donde, estiman “los comerciantes comenzarán a migrar sus compras mayoristas”.
La misma carta abierta dirigida al intendente destaca la “distorsión tributaria al implicar una forma de doble imposición sobre actividades ya gravadas”.
En otro párrafo marca la “ausencia de contraprestación concreta, ya que no se ha explicado ni justificado de forma detallada el destino de lo recaudado ni las acciones ambientales específicas a implementar en materia ambiental, conforme surge de la Ordenanza”.
Para la entidad de comerciantes locales, el cobro de dicha tasa genera un “quiebre en la cadena de circulación del dinero dentro del distrito, afectando directamente al entramado económico local, al empleo y al desarrollo de proveedores, todos factores clave para la estabilidad del ecosistema económico de Pilar”.
A su vez se quejan por la “falta de participación y previsibilidad” y resaltan: “Lamentamos profundamente que una decisión de este calibre no haya sido objeto de consulta institucional con SCIPA, como corresponde en un modelo de gestión moderno y participativo. Nos enteramos por los medios de comunicación, lo cual representa una desvalorización del rol de las cámaras empresarias y una fricción en el espíritu de colaboración que siempre intentamos sostener”.
Ante todas estas observaciones, la cámara hace un pedido de “revisión”, si bien dicen no cuestionar “la necesidad de políticas que promuevan la protección ambiental”. No obstante remarcan que cualquier medida que implique una carga económica adicional en cabeza de los consumidores debe estar acompañada de “un diálogo genuino con el sector privado; un estudio de impacto económico; un plan de implementación transparente, con objetivos medibles; y la garantía de que lo recaudado se destine exclusivamente a fines ambientales, con control ciudadano”.
Finalmente SCIPA insiste con que se revise la ordenanza o se abra una “mesa de diálogo institucional para encontrar alternativas que no afecten el desarrollo económico local”.
“Reiteramos que valoramos muchas de las obras y mejoras realizadas en su gestión, que han sido reconocidas oportunamente por nuestra entidad. Pero esta medida, lejos de proteger el ambiente, amenaza con frenar el consumo, el comercio y el empleo. Aún estamos a tiempo de rectificar el rumbo”, indica la entidad en el final de la nota.
A su vez desde SCIPA solicitaron una entrevista con Achával y rechazaron las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que llamó a “no comprar nada en Pilar”. De ahí es que consideran que el encuentro se dé lo antes posible. Consideran que las palabras del funcionario puedan repercutir “en todo el segmento comercial e industrial del distrito a quienes representamos”.
La Tasa Ambiental ya había generado preocupación en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y entre los gastronómicos de Pilar que consideran que la medida encarecerá sus compras mayoristas y se corre el riesgo de dejar de comprar en Pilar para hacerlo en distritos vecinos.