ARCA derogó el régimen que obligaba a informar operaciones internacionales, reduciendo cargas y costos administrativos.
ARCA derogó el régimen que obligaba a informar operaciones internacionales, reduciendo cargas y costos administrativos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó el Régimen de Información Complementario de Operaciones Internacionales (RICOI), mediante la Resolución General 5772/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida busca simplificar las obligaciones de los contribuyentes y evitar duplicidad de información en operaciones internacionales, manteniendo el control fiscal.
El régimen, establecido originalmente por la Resolución General 5306/2022, exigía que las personas jurídicas comprendidas en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias informaran diversas operaciones internacionales. Entre los requerimientos se incluían transacciones con sujetos vinculados en el exterior, operaciones con entidades radicadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación, y movimientos que pudieran generar ventajas fiscales o afectar la transparencia tributaria.
“La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elimina el régimen de información complementario de operaciones internacionales (RICOI), por lo que ya no será obligatoria la presentación de esa información. Se trata de un régimen que alcanzaba a sociedades, asociaciones y sus firmas derivadas constituidas en el país, así como a los fideicomisos.”
ARCA explicó que la derogación del régimen busca “evitar la duplicidad en la información requerida a los sujetos responsables, simplificando así las obligaciones, facilitando el cumplimiento y reduciendo los costos administrativos para el sector privado”. La agencia mantiene la rigurosidad en las acciones de control, adaptándose a un contexto que demanda mayor simplificación y eficiencia en la gestión pública.
Durante 2025, ARCA eliminó diez regímenes de información, entre ellos los de representantes y terceros intervinientes del exterior; compraventa de vehículos usados; COTI para operaciones inmobiliarias; consumos con tarjeta y billeteras virtuales; y pagos de expensas y consumos elevados de servicios públicos.