Concejales de los bloques opositores analizan contrarreloj los alcances del convenio entre el Municipio, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y una cámara de empresas privadas que busca imponer en el distrito el sistema de fotomultas para castigar las infracciones de tránsito.
Ayer, los diferentes bloques buscaban determinar si el plan del gobierno municipal resulta contradictorio con la ley de tránsito provincial 13.927, que prohíbe la concesión de los servicios de control de infracciones.
En su artículo 28º, dicha norma autoriza que en el control de velocidad y otras infracciones se utilicen "instrumentos cinemómetros y otros equipos o sistemas automáticos o semiautomáticos o manuales, fotográficos o no, fijos o móviles, cuya información no pueda ser alterada manualmente”.
Pero advierte: "No podrán privatizarse ni concesionarse, las acciones vinculadas al contralor directo de las infracciones, las cuales quedarán a cargo exclusivamente de las autoridades establecidas en la presente Ley”.
Y agrega que "las personas que utilicen los mismos o labren infracciones con dichos equipos, deberán ser funcionarios públicos”.
El convenio sellado por el Municipio y la UTN, que debe homologar o no el Concejo, establece que los equipos que se coloquen serán "operados por personal municipal debidamente capacitado”. Refiere tanto a los inspectores como a los juzgados de Faltas.
En tanto, las facultades de la UTN serán la capacitación de dicho personal, además de la colocación y mantenimiento de los equipos, sumados a los estudios del territorio.
Las dudas de los ediles, a su vez, apuntan a los porcentajes en los que se repartirán los ingresos producidos por el cobro de las multas a raíz de las infracciones detectadas.
Según la ley provincial, hay distintas modalidades. De las actas labradas en el ejido urbano por autoridad municipal, el Municipio recibirá el total de lo producido; en el mismo lugar pero labradas por inspectores provinciales, las multas serán 50% para Provincia y 50% para el Municipio.
Lo mismo, pero con los términos invertidos, rige para las rutas provinciales.
El proyecto establece la colocación de cámaras con sensores de velocidad en rutas y calles. También controlarán el cruce indebido de semáforos, la invasión de sendas peatonales y la violación de la obligación de circular con luces bajas encendidas.
En el caso del convenio que discute el Concejo Deliberante, la UTN y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (CECAITRA), se repartirán el 50% de todo lo que se cobre por multas de tránsito, incluyendo las que sean captadas por inspectores y no por equipos electrónicos. Pilar, en tanto, recibirá solo el 30% y la Provincia, el 20 restante.
30%
de lo recaudado por multas de tránsito quedará en Pilar. El 20% irá a la Provincia y el otro 50% se repartirá entre la UTN y una cámara empresaria.
