Tribuna del lector: La seguridad vial y derechos humanos

El problema de la inseguridad vial en Argentina cobró tal relevancia que requiere ser abordado mediante una política preventiva.

Desde la Defensoría del Pueblo entendemos al tema como una cuestión de derechos humanos, ya que el alto índice de siniestralidad que se presenta en nuestro país expresa un grave impacto en el ejercicio de los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas.

El reclamo permanente de familiares de víctimas de hechos del tránsito y de diversas organizaciones no gubernamentales puso de manifiesto la real envergadura del problema que, por lo general, ha tenido respuestas parciales y aisladas por parte del Estado.

En el año 2008 se sancionó la ley 26.363, con la consecuente creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo cual ha significado un avance en la materia. Sin embargo, este hecho no ha sido suficiente para revertir la endemia social de inseguridad vial que aún ocasiona muchas víctimas cada año.

La idea de una política interjurisdiccional que ensamblara las agendas del Estado Nacional y de los Estados provinciales y municipales ha sido hasta ahora una utopía de quienes sostienen el reclamo de acciones de prevención.

Esta situación nos lleva a asegurar que nuestro país no posee una cultura política de la seguridad vial y ello, sumado a la carencia de una conciencia social relativa al cumplimiento de las normas de tránsito, da como resultado que todavía en Argentina mueran -en promedio- más de 20 personas cada día a causa de siniestros viales.

Deben ponerse todos los esfuerzos para lograr controles masivos en las calles y rutas, sanciones efectivas a los infractores, una infraestructura vial acorde al gran parque automotor y que tenga los requerimientos de seguridad más avanzados, educación vial en todos los colegios del país, programas de difusión permanentes y programas de promoción para crear conciencia de seguridad vial en los jóvenes y adultos.

Es cierto que el sector privado tiene una responsabilidad social ineludible, especialmente en los rubros de automotor, gastronomía, entretenimientos y publicidad, evitando la publicidad laudatoria y disuadiendo de conducir vehículos a quienes hayan consumido bebidas alcohólicas. También la sociedad en su conjunto debe hacerse cargo de su responsabilidad, evitando conductas imprudentes como las que vemos a diario en la vía pública.

Sin embargo, debe quedar claro que la responsabilidad primaria es del Estado, el cual no debe construir una ruta ni pensar una política educativa o sancionatoria sin tener en cuenta la seguridad vial entre sus factores preponderantes.

Es necesario un fuerte compromiso de todas las instancias oficiales, no deberían existir egoísmos ni diferencias políticas de ningún tipo que obstaculicen el logro de un objetivo que es de todos.

*Defensor del Pueblo de Pilar.