Trabajadores de PAMI alertaron por el deterioro de la atención a jubilados

La iniciativa está motorizada por el SUTEPA, el sindicato que nuclea a los trabajadores de la obra social de los jubilados. Desde la regional Luján, que incluye al distrito, impulsan proyectos de resolución que exijan al PAMI un informe pormenorizado sobre la situación prestacional actual. En el caso de Pilar, la medida fue aprobada esta semana.

La iniciativa surge ante los cambios normativos y administrativos internos, cuyas precisiones técnicas no fueron notificadas oficialmente a la planta de personal encargado de la atención al público, lo que empeora la situación.

Jonatan Aguirre, referente sindical de SUTEPA en el centro de atención de Presidente Derqui, detalló las características de los nuevos requerimientos administrativos: “La primera medida que sacaron es la quita de medicamentos gratuitos para patologías crónicas, no solamente los del vademécum”, señaló en una entrevista con el programa de radio Agenda Porpia.

A la vez, recordó que “hoy el afiliado, para acceder a determinados medicamentos, tiene que cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales tiene que tener un vehículo en mero de 10 años, no superar el haber mínimo y medio”, entre otros.

Asimismo, señaló que el nuevo esquema de gestión técnica incluye cupos mensuales automatizados en los sistemas informáticos para la derivación a especialistas y la emisión de órdenes para prácticas radiológicas, ecográficas y tomográficas.

Esta situación genera interrupciones en la continuidad de las terapias ambulatorias de los pacientes de la región.

Conflicto con los médicos

La reestructuración presupuestaria impactó en la relación laboral con los profesionales encargados del primer nivel de atención. Las autoridades nacionales modificaron las condiciones de las cápitas mensuales vigentes, lo que desencadenó medidas de fuerza gremial a escala federal que paralizaron la atención programada por lapsos de 72 horas.

Respecto al desfasaje en los valores de remuneración que perciben los facultativos del instituto, Aguirre señaló que “de manera inconsulta, lo que hicieron es cambiarle el contrato a esos médicos y médicas de cabecera, y la modalidad de pago. Hoy se encuentran lo le ofrecen a cada médico por cápita es 2.100 pesos. Sabemos que, en cualquier consultorio, el piso de una consulta es de 30 a 4º mil pesos”.

Las tratativas paritarias entre el organismo y la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APAMIA) no arrojaron resultados satisfactorios. “La semana pasada tuvieron una nueva reunión, y le ofrecieron 2400, lo cual lo rechazaron”, añadió el dirigente para fundamentar la persistencia del plan de lucha en las sedes sanitarias de la provincia de Buenos Aires.

Impacto laboral

La reconfiguración del organismo se desarrolla en simultáneo con un proceso de reducción de la planta de personal técnico y administrativo. Desde el comienzo de la conducción actual, los registros gremiales contabilizan más de 550 rescisiones contractuales en las distintas dependencias del territorio nacional. Adicionalmente, las autoridades abrieron un registro de retiros voluntarios con un plazo de vigencia de 21 días hábiles para el personal que opte por la desvinculación.

Esta coyuntura incide directamente en el funcionamiento diario de las bocas de atención directa, donde los empleados asumen la gestión de los reclamos sin contar con circulares informativas que clarifiquen el alcance de los rechazos de las prestaciones en las plataformas digitales del PAMI.

Aguirre describió la dinámica diaria en las dependencias de cercanía: “La situación de cara a los afiliados es la misma. La realidad es que cada vez está más complicado, porque somos lo que damos la cara. Cada vez, el afiliado viene con menos paciencia y a veces tenemos situaciones complejas”.

Los expedientes presentados ante los municipios pretenden establecer un canal formal de comunicación con las autoridades del PAMI.