La Universidad Pedagógica (UNIPE) salió este martes a la calle en Pilar para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de los fallos judiciales que obligan a gobierno a aumentar los salarios docentes, entre otras medidas que la administración de Javier Milei insiste en incumplir.
La UNIPE salió a la calle en Pilar por el financiamiento universitario
Realizaron una clase pública abierta a la comunidad en la plaza 12 de Octubre. Reclaman que el Gobierno de Milei acate los fallos de la Justicia.
La actividad principal consistió en una clase pública que se realizó en la plaza 12 de Octubre. “Este martes 15 de septiembre, la Universidad sale al espacio público. Nos encontramos en pleno centro de Pilar para compartir una jornada abierta de pedagogía, filosofía, historia, literatura y pensamiento latinoamericano, destinada no sólo a la comunidad universitaria, sino a todas y todos los vecinos de Pilar que quieran acercarse, escuchar, preguntar, debatir y participar”, invitaron desde la UNIPE.
“La actividad se realiza en el marco del Plan de Lucha por la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, ante su reiterado incumplimiento por parte del Gobierno Nacional. Frente a ese escenario, elegimos una forma profundamente universitaria de hacernos presentes: abrir las aulas y encontrarnos con la comunidad”, explicaron los organizadores.
Y reiteraron que “la invitación está especialmente abierta a estudiantes y docentes de todos los niveles e instituciones educativas del municipio, pero también a familias, trabajadores, jóvenes y vecinos que quieran acercarse. No hace falta pertenecer a la Universidad para participar”.
“Queremos una Universidad Pública que dialogue con su comunidad y produzca pensamiento colectivamente”, destacaron desde la UNIPE.
Reclamos
La iniciativa buscó visibilizar el impacto del presupuesto universitario en áreas como la salud pública, el desarrollo científico y la formación académica.
El conflicto tiene como antecedente el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso que la normativa solo podría ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.
La decisión motivó presentaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de distintas universidades nacionales ante la Justicia.
En junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una cautelar sobre los artículos 5 y 6 de la ley, relacionados con la actualización salarial del personal docente y no docente y la recomposición de las becas estudiantiles.
El conflicto sumó otro capítulo el 1° de septiembre, cuando el juez federal Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar “de forma inmediata” las partidas contempladas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la ley.
Esos fondos están destinados a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación, mientras que el magistrado señaló que el impacto fiscal de la normativa equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
Los gremios universitarios anticiparon que, si el Gobierno no cumple con la ley antes de la primera semana de octubre, realizarán la quinta Marcha Federal Universitaria.