Antes de fin de año, las instituciones de Pilar tendrán otra elección clave. Con el intendente Federico Achával ya reelecto y las bancas en el Concejo Deliberante asignadas a las mayorías y minorías resultantes de las urnas, aún quedará por elegir al próximo titular de la Defensoría del Pueblo.
Defensoría del Pueblo, la elección que queda este año
El actual ombudsman dejará el cargo el 10 de diciembre. Un mes antes, el Concejo Deliberante debe iniciar el mecanismo para elegir al sucesor. Un antecedente caótico.
El mandato del actual Ombudsman, el libertario Juan Manuel Quintana, vencerá el próximo 10 diciembre, el mismo día que asumirá como concejal por La Libertad Avanza.
Un mes antes de que eso pase, el Concejo Deliberante deberá convocar a los interesados en ocupar el cargo, entre los que luego elegirá, en sesión ordinaria y por mayoría simple, al nuevo funcionario.
La ordenanza 412 de 2015 establece que “para ser designado Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto se deberán reunir los mismos requisitos que para ser concejal”.
Señala, además, que el llamado a los interesados “se realizará mediante convocatoria efectuada por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante a la presentación de candidaturas” y aclara que esta “será difundida al menos en un medio gráfico local”.
Ese proceso debe iniciarse como límite el próximo viernes 10 de noviembre y la elección deberá realizarse el jueves 23, fecha de la última sesión ordinaria antes de que venza el mandato del actual defensor.
PRESUPUESTO. Por ordenanza se establece que la Defensoría del Pueblo “contará con los recursos que le asignen en el Presupuesto Municipal”, en una proporción que “nunca podrá ser inferior al 0,5%” del total. Para 2023, esa cifra da unos 300 millones de pesos, poco más de 820 mil pesos diario. A la vez, el Defensor del Pueblo “tendrá la misma indemnización mensual que un concejal”, que actualmente ronda los 500 mil pesos.
Para qué
La defensoría es un “órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional y administrativa, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad”, señala la ordenanza. Su objeto es la defensa de los derechos de los habitantes de Pilar “frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal, de sus entes, organismos y dependencias descentralizadas, que comprometan los referidos derechos e intereses”.
Por lo tanto, “el Defensor del Pueblo tendrá la misión de supervisar la actividad administrativa” del Municipio y “el accionar de los concesionarios, contratistas o prestadores de obras o servicios públicos y permisionarios de uso de bienes de dominio municipal”.
25 Días tiene por delante el Concejo Deliberante para lanzar la convocatoria y elegir al próximo Defensor del Pueblo.
Mitos y vacíos
La figura del Defensor del Pueblo fue creada en 1999, hace 24 años. Desde entonces, ocuparon el cargo Marcelo Fernández, Dora Montes, Orlando Bargaglio, Juan Pablo Trovatelli y Juan Manuel Quintana.
La ordenanza que rige su funcionamiento fue reformada cuatro veces; la última en 2015. La norma actual conserva algunos vacíos procedimentales que volvieron caótica la elección del Ombudsman en 2019 y que no fueron resueltos en los últimos cuatro años.
Es que si bien establece cómo debe convocarse a los postulantes y cómo elegir al funcionario, no orienta acerca de los mecanismos de selección intermedios. Eso derivó en que hace cuatro años, cuando se presentaron 50 aspirantes, nadie supiera cómo hacer para elegir entre ellos en el recinto. Finalmente, votaron a Quintana, quien ese año dejaba su banca como concejal por el macrismo.
Existen también dos mitos fundantes en torno a la defensoría: el que el indica que el Ombudsman debe pertenecer a la oposición y el que le veda la actividad partidaria mientras dure en el cargo. Ni una cosa ni otra están establecidas en la normativa. Sin embargo, la primera se cumplió a rajatabla en todas las ocasiones, mientras que la segunda se quebró este año, cuando Quintana se mantuvo en el cargo mientras estaba en campaña como candidato a concejal.