La justicia bonaerense realizó ayer, durante varias horas, una serie de procedimientos en oficinas municipales de Pilar y domicilios particulares en busca de documentación vinculada a una causa que investiga el supuesto desvío de fondos públicos de ayuda social a través de una ONG.
El procedimiento fue ordenado por la fiscal Virgina Tosso, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Don Torcuato, dependiente del Departamento Judicial de San Isidro.
Pasado el mediodía, personal judicial y de la DDI de Tigre ingresó a la Secretaría Privada del intendente Nicolás Ducoté y, luego, en otros despachos oficiales.
Desde el gobierno municipal señalaron que se trata de un allanamiento sino de “una orden de presentación, que técnicamente es distinto”.
Antes, la policía ya había allanado dos viviendas particulares, una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otra en el Partido de Vicente López. Serían en los domicilios que figuran en las actas constitutivas de la ONG Creando Familia y Futuro y en las facturas que esta entidad entregó al Municipio de Pilar en 2017 por un trabajo de relevamiento social, de cuya existencia real la Justicia duda.
De hecho, el año pasado El Diario pudo comprobar que en ambas direcciones funcionan casas particulares sin vínculo alguno con esa u otras ONG.
Según trascendió, la documentación requerida por la justicia sería parte esencial de una pericia clave para el avance de la causa penal.
De acuerdo al contrato, que se conoció el año pasado, la ONG cobró más de un millón de pesos del Estado comunal para realizar un relevamiento de la población en situación de vulnerabilidad social en distrito. Pero además de que el resultado fue, en la mirada de la oposición, algo pobre para la magnitud del monto pagado, nuevos datos generan más sospechas: los domicilios declarados por la ONG son de casas particulares, en las que sus ocupantes aseguran desconocer el funcionamiento de la fundación.
La denuncia fue una de las primeras presentadas por la concejal Paula González, del Frente de Todos, quien impulsó luego otras causas por supuestos hechos de corrupción que involucran a funcionarios municipales.
Allanamientos por la causa de la ONG fantasma
Por orden de una fiscal, la policía retiró documentación de la Secretaría Privada y otras oficinas. Investiga el pago de 1,2 millones de pesos a una entidad que declaró domicilios inexistentes.
Sospechas
El contrato se firmó durante la gestión del exsecretario de Desarrollo Social, Fabián Ferraro. La ONG cobró más de un millón de pesos del Estado comunal para realizar un relevamiento de la población en situación de vulnerabilidad social en distrito. Pero además de que el resultado fue, en la mirada de la oposición, algo pobre para la magnitud del monto pagado, nuevos datos generan más sospechas: los domicilios declarados por la ONG son de casas particulares, en las que sus ocupantes aseguran desconocer el funcionamiento de la fundación.
La denuncia fue una de las primeras presentadas por la concejal Paula González, del Frene de Todos, quien impulsó luego otras causas por supuestos hechos de corrupción que involucran a funcionarios municipales.
De acuerdo a su acta de inscripción como persona jurídica, la Asociación Civil Creando Familias y Futuro funciona en la calle Avellaneda 226, de la localidad de Florida, Partido de Vicente López. Pero el domicilio de facturación, es Aguirre 751, departamento 3, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero la entidad no tiene página de internet ni registro de sus autoridades. Los pocos datos que figuran en la web remiten a su inicio de actividad según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en abril del 2017. En julio del mismo año, firmó un contrato directo -es decir, sin licitación- con el Municipio por $1.169.000 desarrollar del Observatorio de Políticas Sociales.
El trabajo de la entidad se dividió en cuatro ejes: reempadronamiento de los beneficiarios, desarrollo de plataforma de gestión, elaboración de informes sobre políticas sociales y demográficas y apoyo a la gestión de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Humano. Según habían denunciado en su momento desde la oposición, el resultado son dos informes de seis páginas cada uno.
1,2
millones de pesos fue el contrato que cobró la ONG Creando Familia y Futuro por crear un Observatorio de Políticas Sociales para el que subcontrató a profesionales ajenos a la entidad.