El Ejecutivo enviará al HCD un dictamen con modificaciones en la ley de menores.
por Juan Manuel Morales
Tal como lo anticipó El Diario la última semana, el Ejecutivo busca modificar la ordenanza aprobada hace 13 días por el Honorable Concejo Deliberante (HCD). De esta manera, la normativa que los propios ediles oficialistas aseguraban que ya estaba en “vigencia”, seguirá demorada.
Pero más allá del retraso de la puesta en funcionamiento de la norma, una gran confusión se presentó ayer por la mañana entre el Ejecutivo y el propio bloque oficialista que denotó la falta de comunicación a la que los ediles opositores hacen referencia en cada uno de sus contraataques.
Mientras la presidenta del bloque oficialista, Liliana Alfaya, confirmó la promulgación de hecho de la ordenanza que rige multas a los padres de los menores que se encuentren en estado de ebriedad o provoquen disturbios en la vía pública, apenas unos minutos después desde el Ejecutivo desmintieron que eso fuera así y anunciaron cambios al expediente aprobado por el HCD.
“Son correcciones técnicas a algunos artículos de la ordenanza”, señaló el secretario de Gobierno Ricardo Male, que explicó que llegarán al HCD en forma de dictamen en los próximos días: “las tendrá que tratar el Concejo. Mientras, nosotros estamos reglamentado la ley”, cerró el funcionario.
Sin línea
Ya no se trata del teléfono descompuesto, como supieron llamar algunos opositores a la falta de comunicación entre el Ejecutivo y su bloque, sino que directamente no hay línea de comunicación entre ambos.
“Ya está promulgada de hecho”, confirmó Alfaya con la anuencia de una asesora de su bloque. Incluso, la mujer lanzó la posibilidad, casi como un hecho, de que se convocara a los ediles para la reglamentación de la ordenanza.
Pero ésta no es la primera mancha que tiene la comunicación entre las patas que el gobierno tiene en ambos poderes. El sólo hecho de haber consensuado el proyecto de ordenanza con todos los estamentos que pudieran tener injerencia y que luego la ordenanza sea modificada, muestra una desconexión entre el intendente Humberto Zúccaro y sus concejales.
En la última semana, El Diario adelantó que buscaban modificar la normativa tras una reunión entre funcionarios y ediles. Pero según lo dicho ayer por Alfaya, acordaron que todo quedaría como salió del HCD, aunque la intención de realizar cambios existe.
El propio intendente, durante los festejos por el Día de las Manzaneras, había lanzado la posibilidad de vetar algunos de los artículos de la ordenanza.
Fue el 24 de agosto último cuando el mandatario aseguró que necesitaba analizar la ordenanza y observar si hay puntos que fuesen imposibles de llevar a cabo e incluso señaló: “no he estado en el armado y es un tema bastante delicado”.
Al mismo tiempo, el jefe comunal había adelantado que pondría a todo el Departamento Ejecutivo a trabajar para lograr el cumplimiento de la ordenanza, pero aclaró que de todos modos si hallaba algo que modificar o rever: “lo voy a decir antes de vetarlo”.
Un aspecto central
Dónde poner a los infractores, la gran duda
Hasta hace una semana, entre los puntos cuestionados de la ordenanza se encontraba el traslado de los menores que provocaran disturbios o se encuentren en estado de ebriedad ya que los infractores podrían ser retenidos incluso por un máximo de seis horas hasta tanto sean retirados por sus padres. Pero las dudas partían por el lugar adonde serían contenidos los menores.
Ayer, tras confirmar la promulgación, que el Ejecutivo desmintió, la edil Liliana Alfaya señaló que propondría en la reglamentación que fuese el área de Salud quien se hiciera cargo de los chicos que queden retenidos en por ebriedad. Al mismo tiempo la concejal oficialista remarcó que mucho más difícil será reglamentar el lugar donde llevar a los chicos que ocasionen disturbios, al igual que aquellos que infrinjan la normativa durante el horario diurno, como las peleas a la salida de los colegios.
Otras dudas se generaron en torno a la posibilidad de sancionar a los padres con trabajos comunitarios ya que el Estado debería contar con una cobertura ante eventuales accidentes. Y sobre el punto de la ordenanza que establece penas de hasta tres días de arresto para los infractores que se nieguen a pagar las multas o a cumplir con las tareas comunitarias impuestas, entre otros.