El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Casal, dictaminó ayer que el presunto narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre”, quien aparentemente planeaba fugarse de la cárcel de Ezeiza, debe ser extraditado a los Estados Unidos.
En una resolución que se difundió ayer, Casal sostuvo que corresponde que el máximo tribunal de la Nación rechace la apelación presentada por la defensa de éste ex líder de la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) contra la resolución del juez federal Sebastián Ramos.
En mayo, Ramos declaró procedente la extradición solicitada por un tribunal de Florida por "conspiración para distribuir una sustancia controlada (cocaína), a sabiendas de que se importaría” a los Estados Unidos.
En su dictamen, Casal compartió los argumentos que habían sido expuestos en el juicio de extradición por el fiscal federal Patricio Evers, con colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y rechazó los planteos de la defensa.
El argumento principal de "Mi Sangre” para no ser extraditado es que en realidad es víctima de una "persecución política”, motivada por las enemistades surgidas durante la desmovilización del grupo paramilitar.
Al respecto, indicó en su apelación que la acusación presentada ante el tribunal estadounidense se basa en informes falsos suministrados por la DEA, la agencia antidrogas de ese país, en combinación con autoridades del gobierno de Colombia.
También señaló que el gobierno argentino incumplió las reglamentaciones de protección a las personas con status de refugiado, pero Casal interpretó que López Londoño no tiene esa condición.
Para el procurador, el "temor de persecución” que invocó "Mi Sangre” al solicitar refugio, motivó su huida de Colombia, su país de origen y de residencia habitual, mientras que la requisitoria de extradición proviene de los Estados Unidos.
Además, indicó que quedó acreditado que el 17 de noviembre de 2008, el Comité de Elegibilidad para Refugiados excluyó a López Londoño de esa condición y tal decisión fue confirmada por el ministro del Interior el 9 de noviembre de 2012.
El dato
Según la acusación, el ex líder de la AUC y presunto integrante del cartel Los Urabeños, dirigió entre 2006 y 2012 una organización dedicada al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, México y otros países de América Central, y al lavado de dinero producido por esa actividad ilegal.
