El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense decidió que se realice la instrucción para definir si hay pruebas para someter a juicio político a la fiscal de Tigre, María del Carmen Gigante, cuestionada en un expediente en el que un hombre acusado de violar a una chica discapacitada mental fue absuelto.
El secretario del cuerpo, Ulises Giménez, informó a Télam que el jurado “entendió que la denuncia (contra Gigante) tiene verosimilitud para ser tratada y hay mérito para comenzar a investigar a la fiscal”.
Ahora se abre un período de 90 días para que Giménez, titular de la Secretaría Permanente, realice la instrucción de la causa y evalúe si Gigante cometió irregularidades en el proceso o incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La fiscal, por su parte, puede en los próximos 20 días efectuar un descargo o presentar pruebas a su favor, o bien esperar tres meses a que se defina si es sometida a juicio político o no.
La reunión del cuerpo, de carácter privado, se realizó en el Senado bonaerense y fue encabezada por Hilda Kogan, presidenta del jury y de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Además, integran el jurado, para este caso, los senadores Javier Mor Roig (CC), Santiago Nardelli (FPV) y Cristina Fioramonti (FPV), los diputados Abel Buil (GEN) y Juan José Cavallari (UCR) y los conjueces abogados José Fornaro, Eduardo López Wessenfold, Luis Lauro, Liliana González y Jorge Marín.
La polémica por la actuación de la fiscal comenzó el 3 de marzo de 2009, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Isidro absolvió a Francisco Centurión por presuntos abusos sexuales reiterados contra una joven discapacitada mental de la cual era vecino.
Durante el debate, la chica relató los abusos y el fiscal Diego Molina Pico pidió siete años de prisión para el acusado, pero los jueces lo absolvieron.
El principal argumento del tribunal fue que el informe médico sobre el abuso no tenía la firma ni el sello del profesional que lo había corroborado y ni siquiera se trataba del documento original, sino de un fax.
Tras conocerse el caso, el entonces ministro de Justicia de la Nación Aníbal Fernández recibió a la madre de la víctima y tras realizar una serie de llamadas telefónicas, logró encontrar -en una hora y media-, al médico que había revisado a la chica y el informe original.
Entonces, Fernández, dos legisladores y la madre de la chica, María Catalina Giménez, pidieron el juicio político de la fiscal.
Asistida por el abogado José Vera, la mujer consideró ante el jurado que Gigante era “la piedra angular del veredicto Absolutorio” dictado por el TOC 7.
La madre explicó que cuando hizo la denuncia sobre las violaciones que en forma sistemática padecía su hija por parte de su vecino, en la localidad de El Talar de Pacheco, hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el delito no quedara impune.
La mujer relató que se entrevistó varias veces con la fiscal Gigante y que ella le aconsejó no contratar abogados al decirle: “Yo soy fiscal y los fiscales somos más que los abogados. Yo me voy a ocupar personalmente de su problema”.