Fueron planteados como claves de la seguridad y siguen inconclusos

Se trata del sistema integral que incluye cámaras y monitoreo. La ley para controlar a los menores castigando a los padres. Y los pedidos de los foros.
domingo, 4 de julio de 2010 · 00:00

 

El centro de monitoreo ubicado en Tratado del Pilar y Ana Mogas, desde allí se vigilará el distrito, pero todavía está inconcluso.

 

 

Desde hace unos meses las críticas y los reclamos colocaron una vez más a la inseguridad como tema central de la sociedad pilarense exponiendo como principal falencia la falta de solución a una problemática que tuvo muchas promesas y pocas acciones.

Los cuestionamientos más fuertes apuntan a las medidas que a pesar de haber sido planteadas como claves, aún no se cumplen. Entre ellas, la lentitud en la aplicación del plan integral de seguridad por falta de fondos, el incumplimiento de las medidas solicitadas por los foros de seguridad, las cuales fueron anunciadas e incumplidas por el Gobierno bonaerense, y la falta de voluntad política para imponer la ley que controle a los menores a través del castigo a los padres.

Luego de una ola de robos y crímenes que sufrió el distrito en el 2008, fue anunciado por la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner el plan integral de seguridad para Pilar.

Éste incluye la colocación de cámaras de seguridad, con un centro de monitoreo que vigila el Partido haciendo de ojos para la policía.

Pero a dos años del anuncio, el proyecto aún está verde y apenas funciona “a prueba” y sólo cuenta con menos de un cuarto de los ojos electrónicos anunciados.

Es que el proyecto está impedido de seguir adelante por la falta de fondos que el Gobierno nacional prometió al Municipio, 8 millones de pesos, de los cuales la Comuna dice haber recibido el 50%.

 

Incumplimientos

Tras el crimen de la docente Sandra Almirón, que en noviembre último fue asesinada en el barrio La Alborada de Presidente Derqui, los foros de seguridad entregaron un petitorio con varios puntos “fundamentales” para paliar la inseguridad.

Esa solicitud fue aceptada por el gobernador Daniel Scioli, que anunció como concretos cada uno de esos pedidos en un encuentro que dejó la fotografía del mandatario junto a los propios foristas y el ex ministro de Seguridad, Carlos Stornelli.

Pero ninguno de estos anuncios se cumplió. El más cercano a lograrse fue el de los 100 agentes pedidos en ese entonces para reforzar la seguridad del distrito; sólo llegaron 60 y aún se esperan los 40 restantes.

De aquel petitorio también quedó pendiente el recambio de los móviles policiales, la fusión entre la policía y los agentes de seguridad privada y la colocación de garitas en el corredor de Panamericana.

Por ese motivo, los foros de seguridad del distrito lanzaron un pedido de audiencia con las nuevas autoridades del Ministerio de Seguridad e incluso con el flamante titular de esa cartera, Ricardo Casal, para reanudar los pedidos.

Pero las ONG aún no obtuvieron respuesta e incluso mantuvieron un encuentro interforal en el que decidieron insistir con el pedido para que los reciba el funcionario bonaerense.

A pesar de reconocer la falta de respuesta de las autoridades, uno de los foristas locales e integrante de la ONG que controla el accionar de los agentes de la Comisaría 4ª de Manuel Alberti, Marcelo Buyatti, aseguró que los contactos regionales funcionan como antes y los foros siguen trabajando.

 

Control de menores

Uno de los puntos más fuertes de la problemática pasaría por el descontrol que representan los menores de edad que provocan disturbios en la vía pública, incluso en muchas ocasiones en estado de ebriedad.

Según fuentes oficiales, ante esta situación la policía se siente inhabilitada para actuar, lo mismo que remarcan los agentes municipales que controlan la actividad nocturna y los jueces de Falta y Paz.

Lo cierto es que la ordenanza que rige el castigo a los padres de los menores que provocan los disturbios está vigente desde el 2008 pero nunca fue aplicada.

El concejal oficialista Miguel Saric insistió en darle impulso a la medida para que se ponga en marcha, pero las trabas no fueron pocas.

Así fue que desde la comisión de Seguridad del Honorable Concejo Deliberante, su titular y presidenta del bloque zuccarista, Liliana Alfaya, convocó a las partes involucradas con el fin de rever la legislación.

El primer encuentro fue de los ediles con los jueces de Paz y Faltas, Silvia Castellini y Sebastián Zamarripa. En ese encuentro se cuestionaron algunos impedimentos legales y hasta la falta de coordinación del resto de las partes que deben trabajar para la aplicación de la norma.

Pero en la segunda reunión fueron los agentes municipales y la policía los que expusieron sus réplicas al accionar de la parte judicial.

Mientras que desde el propio Deliberante, tampoco mostraron mucha voluntad de poner en funcionamiento el sistema de multas a los padres.

La semana entrante será clave en el intento de darle fin a la problemática, cuando los concejales escuchen las posturas de los jueces de Garantía y Familia de Pilar, Nicolás Ceballos y Alejandra Velázquez, además de los foristas.      

Según señaló Alfaya, el fin de los encuentros es escuchar a todas las partes involucradas, para luego legislar con una ordenanza “acorde a la realidad”.

 

 

 

Comentarios