CORREO DE LECTORES

Sr. Director:
El miércoles 10, Milagros Melina Benítez, de un año y once meses, fue trasladada por su madre, Celina Benítez, y su padrastro, Luis Carlos Alonzo, al Hospital Meisner de Derqui, sin signos vitales. Tenía huellas de abuso sexual y lesiones en todo el cuerpo. Horas después del deceso, la pareja de la mamá de la beba fue detenido: estaba al cuidado de la niña mientras la mujer trabajaba. Ella fue detenida por “abandono de persona”, y trasladada a una unidad carcelaria de La Plata. La fiscal interviniente es Carolina Carballido Calatayud, de la Unidad Especializada en Violencia de Género.
No es la primera vez que esta funcionaria acusa bajo la carátula de “abandono de persona”: fue el mismo cargo que le atribuyó a Yanina González, una joven pobre con discapacidad intelectual, madre de Lulú. La pequeña murió por una golpiza propinada por la pareja de la mamá, Alejandro Fernández, pero el femicidio vinculado –asesinato cometido por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer-, quedó fuera de la investigación cuando las pruebas señalan a un único responsable: Fernández.
Carballido está al frente de una Unidad Especializada en Violencia de Género pero que en los casos de Lulú y Yanina, así como en el de Milagros y Celina, no contempló esa perspectiva sino que se interesó por responsabilizar a las madres –también víctimas, a quienes las imputa por “omisión”, pero desconoce que estas “garantes” del bienestar de los niños no tienen posibilidad real de salvarlos. Entonces, ¿Cómo van a escapar las Yaninas y las Celinas de sus casas si funcionarias como Carballido no reconocen su victimización? Sin entender –ni atender- las dinámicas de la violencia y con imputaciones discriminatorias, prejuiciosas e incorrectas, la funcionaria no cumple con su obligación de prevenir, investigar y sancionar las agresiones contra las mujeres. En febrero elevamos un pedido a la Procuraduría General de Bs. As. un informe acerca de la designación de la fiscal y su desempeño. Sin respuestas, volvimos a enviar otro para exigir que fiscales, jueces y funcionarios judiciales se formen y tengan competencias para tratar adecuadamente estos casos.
Si bien los medios de comunicación hicieron eco de la convocatoria “Ni una menos”, son los mismos periodistas y comunicadores quienes informan sobre el caso de Milagros y Celina sin perspectiva que se posicione en el marco de los DDHH. Las transmisiones demuestran una doble moral al tomar el hecho de manera aislada, sin tener en cuenta el contexto previo, aportando datos escabrosos y dejando sin posibilidad de palabra a las directamente involucradas se suman a la espiral de agresiones. La Coordinadora Feminista Antirrepresiva exige libertad para Celina Justicia para Milagros.