Desde este sábado comenzó a regir formalmente en la Argentina el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que modifica el alcance de la responsabilidad penal para los adolescentes. La principal modificación de esta reforma es la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal, la cual disminuyó de los 16 a los 14 años de edad.
Entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil en toda la Argentina
Desde este sábado los adolescentes desde los 14 años pueden ser imputados por delitos bajo el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil.
La nueva legislación deroga de forma definitiva las antiguas normativas regulatorias de la minoridad que se encontraban vigentes desde el año 1980. Con este cambio estructural, los adolescentes de catorce y quince años podrán ser formalmente imputados, procesados y juzgados por cometer delitos graves contemplados en el Código Penal.
Con la entrada en vigencia, comienza ahora una nueva etapa para la aplicación de la legislación penal juvenil en el país. La implementación deberá contemplar la adecuación de los organismos judiciales y de los dispositivos destinados a adolescentes que queden alcanzados por el nuevo régimen.
QUÉ CAMBIA CON EL NUEVO RÉGIMEN
La nueva normativa establece un sistema penal diferenciado para adolescentes de entre 14 y 18 años. La reforma reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual una persona puede quedar alcanzada por el régimen penal juvenil.
El sistema contempla procedimientos específicos y busca diferenciar el tratamiento de los adolescentes respecto del régimen penal destinado a los adultos.
Entre sus principales características se encuentran la especialización de los operadores judiciales, la aplicación de medidas socioeducativas y un esquema de sanciones que contempla distintas alternativas según la gravedad del delito.
La privación de la libertad queda reservada para determinados casos y bajo condiciones específicas. También se prevé una mayor participación de las víctimas durante el proceso, además de mecanismos orientados a la reparación del daño.
La reforma había sido aprobada por el Congreso Nacional luego de un debate atravesado por fuertes diferencias en el ámbito judicial y político. Sus impulsores defendieron la reducción de la edad de imputabilidad como una herramienta para abordar delitos graves cometidos por adolescentes.
Desde sectores de la oposición, en cambio, se cuestionaron distintos aspectos de la normativa, entre ellos su implementación y los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de un sistema especializado.
Con la entrada en vigencia, comienza ahora una nueva etapa para la aplicación de la legislación penal juvenil en el país. La implementación deberá contemplar la adecuación de los organismos judiciales y de los dispositivos destinados a adolescentes que queden alcanzados por el nuevo régimen.
EL DEBATE QUE RECIÉN COMIENZA
El debate en torno a la edad de imputabilidad, las sanciones y las políticas de prevención continuará formando parte de la discusión pública, mientras el nuevo esquema comienza a aplicarse en todo el territorio nacional.
La ley ya está vigente.
La verdadera discusión será otra: si el Estado tiene capacidad para aplicar el nuevo régimen, si las víctimas reciben respuestas efectivas, si se reduce la reincidencia y, fundamentalmente, si un adolescente que comete un delito puede ser responsabilizado sin quedar condenado de por vida a una carrera criminal.
Porque bajar la edad puede cambiar la respuesta judicial.
Pero el verdadero desafío será lograr que esa respuesta sirva para algo más que encerrar: que consiga frenar el delito antes de que un adolescente se convierta en un delincuente adulto.