El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, dependiente de la ONU, fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias por el reclamo presentado por el gobierno de Javier Milei contra la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Argentina busca frenar el proyecto británico-israelí Sea Lion, mientras Reino Unido defiende su continuidad.
La explotación de petróleo en las Islas Malvinas se tratará en la ONU
El Tribunal del Mar de la ONU analizará en noviembre el reclamo de Argentina para frenar la explotación petrolera británico-israelí en las Islas Malvinas.
Las audiencias se realizarán en la sede del organismo en Hamburgo, Alemania, donde los representantes de ambos países expondrán sus argumentos. El tribunal, integrado por 21 jueces, confirmó que las sesiones serán abiertas al público y podrán seguirse en vivo a través de su página web.
La presentación argentina apunta a las actividades de las empresas Rockhopper, de capitales británicos, y Navitas, de origen israelí, responsables del proyecto Sea Lion en aguas cercanas a las islas. El Gobierno solicita medidas provisionales para suspender los trabajos mientras se analiza la controversia, sin que el procedimiento implique resolver la disputa de soberanía.
El reclamo argentino ante la ONU para frenar el proyecto Sea Lion
La presentación fue impulsada por el diplomático Mario Oyarzábal, director de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, luego de que venciera el plazo de dos semanas que Argentina había otorgado al Reino Unido para detener las actividades petroleras. El planteo se realizó bajo el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, sostienen que el país tiene derecho a recurrir a una instancia judicial independiente para solicitar medidas que protejan los recursos naturales del Atlántico Sur. La estrategia apunta a que el tribunal se pronuncie sobre la explotación de hidrocarburos sin ingresar en la discusión sobre la soberanía de las islas.
Por su parte, el gobierno británico rechaza el planteo argentino y asegura que las actividades petroleras están reguladas por la legislación vigente en Malvinas y cumplen con el derecho internacional. Y sostiene, además, que el desarrollo económico de las islas responde al derecho a la autodeterminación de sus habitantes.