El 63% de las vías del tren San Martín están en estado "regular o malo"

A finales de la última semana, el Colegio de Auditores Generales de la Nación llevó a cabo su séptima sesión ordinaria, en la que se trataron y aprobaron por unanimidad diez informes de auditoría, los que abarcaron -según indicó el sitio especializado elauditor.info- desde estados contables de empresas públicas hasta el control de servicios esenciales y programas con financiamiento internacional.

En este marco, uno de los puntos más álgidos de la sesión fue el tratamiento del informe sobre la línea San Martín, operada por la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE). Fue el auditor Mariano Piazza quien expuso que nada menos que el 63,8% de las vías se encuentra en estado “regular o malo”, además de afirmar que existe una elevada tasa de fallas en el material rodante.

El informe vinculó directamente el incremento de accidentes (en 2024 tuvo un aumento del 72%) con los incumplimientos en las prácticas operativas y las restricciones presupuestarias.

Al respecto, el auditor Luis Naidenoff recordó tragedias pasadas para enfatizar la gravedad de los hallazgos. "No podemos abordar en esta casa una auditoría relacionada con el funcionamiento de los trenes sin recordar la historia de la Auditoría General de la Nación y la falla del Estado en materia o en su rol de contralor", sostuvo.

De la misma manera, el funcionario criticó con dureza la reasignación de un crédito de 522 millones de dólares originalmente destinado a modernizar la línea y denunció que "fue una decisión política errónea, con una enorme insensibilidad y una enorme irresponsabilidad en función de nuestros antecedentes".

Por su parte, el auditor Javier Fernández solicitó que el expediente se remita a la Secretaría Legal para evaluar una denuncia penal. "Es lo que corresponde: nosotros denunciamos a todos los gobiernos", indicó.

Servicios y demoras

Por otra parte, en el encuentro se aprobó una auditoría sobre la gestión de reclamos en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), debido a que se detectaron debilidades estructurales y tiempos de resolución excesivos.

Por ejemplo, en 2023 en el ENRE el promedio de resolución de un reclamo fue de 989 días. Piazza subrayó la importancia de los controles y concluyó que "este tipo de evaluación reviste especial relevancia institucional, en tanto coloca en el centro de la tarea de control la tutela efectiva de los derechos de los usuarios".