La Justicia detuvo al director del centro de rehabilitación de adicciones Resiliencia San Fernando, de La Lonja, donde un incendio intencional se cobró la vida de cuatro internos, el 22 de febrero pasado, informaron fuentes del caso.
Detuvieron al director del centro de rehabilitación donde murieron 4 internos
Alan Cambra Sarife está imputado por homicidio con dolo eventual. En el centro asistencial no había matafuegos ni medidas de seguridad. Según el fiscal, el acusado debió conocer las consecuencias.
Se trata de Alan Emmanuel Cambra Sarife, a cargo del centro terapéutico, a quien el fiscal a cargo de la UFI 3 de Pilar, Germán Camafreita Steffich, acusa por homicidio simple con dolo eventual.
“Existen indicios vehementes de la comisión del delito de homicidio simple y motivos bastantes para sospechar que Alan Emmanuel Cambra Sarife ha participado en su comisión”, sostiene el fiscal en el pedido de detención que le elevó al Juez de Garantías Nicolás Ceballos.
Cambra Safire está imputado por la muerte de Nicolás Bisbal, José Castaño, Rodrigo Moreno y Nicolás Ortiz, quienes murieron a causa de la inhalación de monóxido de carbono producido por el incendio iniciado en unos colchones del lugar.
De acuerdo al fiscal, Cambra Safire “se representó (la muerte) como posible consecuencia de su accionar, resultándole indiferente cualquier víctima”. A la vez, señala que “no cumplió con los mínimos recaudos de seguridad e higiene previstos para una organización de tal envergadura como matafuegos, colchones ignífugos, plan de contingencia, personal terapéutico, médicos y enfermeros encargados de suministrar la medicación a pacientes, salidas e iluminación de emergencia”, enumeró.
Tampoco contaba con la autorización para funcionar por parte del Minusterio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Ninguno de esas falencias, sin embargo, impidió que jueces bonaerenses decidieran la internación compulsiva de personas en ese lugar.
Testimonios
De acuerdo al testimonio de bomberos que actuaron en el incendio, “el fuego se originó sobre los colchones que estaban obstruyendo un pasillo que comunicaba el comedor con las habitaciones donde se encontraron los cuerpos”.
En uno de esos cuartos, “los barrotes que formaban la reja se encontraban forzados hacia afuera mientras que la otra ventana los tenía intactos”, describió. Y relató que “no observó matafuegos ni elementos de seguridad”.
“Asimismo, señaló que la instalación eléctrica era muy precaria, que había cables colgando por todos lados, en el interior y exterior” del edificio.
El fiscal recuerda además que, en diciembre del 2021, había muerto en el lugar otro interno, por lo que el detenido “conocía las consecuencias que pudo evitar con tan solo haber cumplido los mínimos recaudos establecidos para un centro de ese tipo”.
Días atrás, El Diario publicó un informe del Consejo Municipal contra La Violencia Institucional de Ramallo, a cargo de Luis Onofri, en el que señalaba que los hechos “podrían catalogarse como homicidio, torturas, privación ilegítima de la libertad, malos tratos, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, entre otras figuras.
Según los relatos, los internos “se encontraban inhibidos, suprimidos, sobremedicados por efecto del coctel psicofarmacológico que les fuera administrado por los operadores antes del incendio”.
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