Los damnificados volvieron a marchar al Municipio para pedir ayuda.
El gobierno municipal buscará interceder para que cinco familias del barrio Alto de los Cachorros reciban algún tipo de compensación por tener que dejar las casas en las viven, en algunos casos, desde hace diez años.
Así se lo hicieron saber a los propios vecinos los funcionarios que los recibieron el martes último, tras una movilización que los afectados realizaron al palacio municipal en busca de soluciones.
De todos modos, la intención de los vecinos es no tener que abandonar sus casas. Para eso, solicitan que se les facilite la compra de los terrenos mediante un plan de financiación con la ayuda del Estado, una salida a la que el Municipio no le dejó demasiadas chances.
Los funcionarios que recibieron a los vecinos anticiparon su voluntad de participar de la audiencia de conciliación fijada entre las partes para el próximo 27 de septiembre.
Esa instancia fue habilitada por la Justicia de San Isidro como última posibilidad antes de ordenar el desalojo compulsivo de las cinco familias.
En rigor, la jueza que entiende en la causa ya postergó por tres semanas la decisión de desalojar los terrenos, aunque el fallo que ordena la medida sigue firme.
La dirigente local del Partido Obrera, Nora Eliçabe, viene acompañando desde el principio el reclamo vecinal. Tras la marcha del martes, valoró la actitud del Municipio de ofrecerse a participar de la mediación, aunque apuntó que la indemnización no resulta la medida más convincente.
Estafa
Tras la audiencia que los delegados del barrio mantuvieron con la directora de Tierras, Olga Santiago, y otros funcionarios en el palacio municipal, los vecinos marcharon hasta la fiscalía.
Allí, radicaron una denuncia por estafa para que se investigue la venta supuestamente irregular de los terrenos que ellos compraron hace años.
Los vecinos aportaron como pruebas los boletos de compraventa que recibieron cuando pagaron por sus terrenos. Esos documentos, sin embargo, quedaron desacreditados en el juicio de desalojo, donde los dueños de los terrenos documentaron la titularidad con las correspondientes escrituras.
Ahora, los vecinos están más cerca de tener que dejar sus casas en un plazo que, de no mediar una nueva postergación, será breve.
Así, mientras el gobierno ofrece negociar para tratar de que, al menos, los dueños de los terrenos les paguen un resarcimiento por las construcciones que deberán dejar, los vecinos apuestan a una última posibilidad de quedarse.
Mientras tanto, organizan un festival para el próximo 18 de septiembre con el fin de difundir el conflicto.