El Concejo Deliberante de Pilar aprobó la el lanzamiento de una serie de campañas de prevención para evitar el sobreendeudamiento de los hogares, un problema que crece junto con la necesidad de muchas familias de tomar créditos para poder acceder a los consumos básicos.
Lanzan una campaña para prevenir el sobreendeudamiento
Es ante el aumento de la demanda de créditos para consumos básicos. Busca informar los derechos de los consumidores para evitar problemas futuros.
Según establece el primer artículo de la ordenanza, se trata de “campañas de Información, difusión, sensibilización y promoción de los derechos y responsabilidades del consumidor en la operatoria de crédito”.
“Es una campaña para prevenir el sobreendeudamiento de las familias y, en muchos casos, el abuso del sector comercial en ese sentido”, le explicó a El Diario el concejal Iván Giordano, del bloque de Unión por la Patria.
“Va en línea con algunos proyectos legislativos que vamos a seguir presentando por la actual situación económica”, adelantó.
59%De los hogares debe recurrir al endeudamiento para completar la canasta básica. El porcentaje sube al 65% en familias encabezadas por mujeres.
Defensa del consumidor
La ordenanza define el sobreendeudamiento como “la situación de hecho caracterizada por la imposibilidad para afrontar el cumplimiento de las obligaciones exigibles o de pronta exigibilidad, que compromete el acceso y el goce de bienes esenciales afectándose en forma directa la economía familiar”.
En ese marco, establece que los proveedores de crédito para el consumo “deberán ajustar su actividad al principio de préstamo responsable y al principio de buena fe”. Para eso, deberán brindar información “clara, detallada y precisa respecto a lo ofertado y ofrecido”.
Esa información deberá brindarse por parte de la Dirección de Defensa del Consumidor y de los propios proveedores. “Deberán utilizar lenguaje claro, coloquial, expresado en sentido llano, conciso, entendible y adecuado a los fines de lograr una mayor comprensión por parte de los consumidores y usuarios”, indica la ordenanza.
Establece, además, que “el incumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza será sancionado conforme las previsiones de la Ley Nacional N°24.240 y Ley Provincial N° 13.133 o en las que en el futuro las reemplacen”.
Vulnerabilidad financiera
Según revelan informes oficiales y privados, el uso de la tarjeta de crédito y otras formas de endeudamiento crece incluso para las compras de alimentos y medicamentos.
En los primeros meses del año, las compras a crédito de productos de la canasta básica representaron alrededor del 40% del total, un 330% más que en el mimo periodo del año pasado.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cerca de 1 de cada 4 hogares se encuentra situación de “alta vulnerabilidad financiera”. La estadística asciende a 1 de cada 3 en las familias con niños, niñas y adolescentes.
La estadística se dispara los hogares encabezados por mujeres, en los que el 65% debe recurrir al financiamiento para completar sus consumos. De ellos, el 73% lo utiliza para la compra de comida y medicamentos, señala el informe.
La ordenanza se basa en los derechos al consumidor establecidos en el artículo 42° de la Constitución Nacional, que establece que “las autoridades proveerán a su protección, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales”.
En tanto, agrega que “el derecho a la información tiende a menguar la desigualdad que se suscita”, y concluye que el “sobreendeudamiento resulta ser una problemática social y económica que expone a los consumidores a una situación de vulnerabilidad producto de la naturaleza de la sociedad de consumo y del funcionamiento del mercado crediticio, requiriendo de actividad estatal para su saneamiento en el marco de sus competencias legales”.
Por eso, “se toma necesario reforzar las previsiones tendientes a la protección del consentimiento de los consumidores y usuarios, así corno sus intereses económicos, siendo la información el eje principal de la función estatal preventiva”, cierra.