El gobierno nacional oficializó este martes, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, la postergación hasta diciembre de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el sistema obligatorio previsto en la reforma laboral para financiar indemnizaciones por despidos. Además, extendió a un año el plazo durante el cual las empresas no podrán utilizar los recursos acumulados.
El Gobierno postergó un cambio clave de la reforma laboral
La reforma laboral del Gobierno establece aportes del 2,5% para las pymes y del 1% para las grandes empresas, con fondos que se invertirán en bonos y acciones.
La medida modifica el cronograma original, que establecía el inicio del esquema para el 1° de noviembre, y responde a un pedido de las cámaras de fondos comunes de inversión, que solicitaron más tiempo para completar la implementación de los instrumentos financieros.
Sin embargo, el cambio más importante está relacionado con la disponibilidad del dinero. Aunque las empresas comenzarán a realizar sus aportes, los fondos deberán permanecer invertidos durante 12 meses antes de poder utilizarse para pagar indemnizaciones o afrontar juicios laborales. De esta manera, los primeros rescates recién podrán concretarse en 2028.
La reforma laboral había establecido inicialmente un período de carencia de seis meses, pero el Ejecutivo consideró que ese plazo resultaba insuficiente para constituir un patrimonio capaz de responder de manera sostenible a las obligaciones de las compañías.
¿Cómo funcionará el FAL y qué pasará con las indemnizaciones?
El FAL será obligatorio para todas las empresas con trabajadores en relación de dependencia, desde pequeñas y medianas firmas hasta grandes compañías. Su financiamiento no implicará, en términos generales, una carga tributaria adicional, sino una redistribución de parte de las contribuciones patronales que actualmente se destinan a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En concreto, las pymes destinarán el 2,5% de sus contribuciones patronales al fondo, mientras que las grandes empresas aportarán el 1%. Esos recursos serán canalizados hacia el mercado de capitales y podrán invertirse en un conjunto limitado de activos, principalmente bonos del Ministerio de Economía y acciones de determinadas compañías.