Ahorro versus seguridad

Advierten por abolición de controles de matafuegos

El Gobierno de la Ciudad quiere eliminar los controles trimestrales. La Cámara de Extintores alerta por los peligros que podría acarrear.

Por Redacción Pilar a Diario 17 de octubre de 2018 - 00:00

La Cámara de Empresas de Mantenimiento de Extintores de la República Argentina (CEMERA) mostró su preocupación ante la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de abolir totalmente el control trimestral de extintores. Según expresaron desde el sector, “con el argumento de generar un plan de baja de expensas, estaría considerando la seguridad como un gasto y no como una inversión, desprotegiendo la vida de los ciudadanos”.

Un comunicado de CEMERA señala que “el control trimestral verifica que el mantenimiento de los matafuegos esté hecho, que la dotación de los edificios esté completa y cumpla con la reglamentación, asegurando que los extintores se encuentren listos para ser utilizados en principios de incendio”. A su vez agrega que “el punto sobre la dotación es lo que más omiten los funcionarios y es uno de los inconvenientes que mayoritariamente se observa.

Para la cámara del sector, con esta medida el gobierno de CABA está “confundiendo bajar expensas con reducir medidas de seguridad, mientras que en verdad sólo se reduciría por unidad funcional entre 10 a 20 pesos mensuales. El fin claro de la iniciativa se realiza en pos de la imagen del Gobierno ya que dicha modificación si bien económicamente no suma, nominalmente sí”.

Cabe destacar que los controles normalizados que actualmente se están considerando quitar, existieron siempre en manos del usuario y éstos no los cumplían. La protección contra incendio está regulada actualmente por la Ley 2.231 que implica que los mantenimientos se hagan cumpliendo las normas IRAM correspondientes, entre ellas la 3.517 para matafuegos.

Dicha norma se trató en el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ante el Gobierno de la Ciudad y diversos participantes. Es una resolución técnica que hace el Instituto y los legisladores la tomaron como obligatoria.

“Modificar una ley como tal no se puede realizar de manera improvisada y sin un comité técnico y experto en la materia. El Gobierno debería asegurar el cumplimiento de las normas. No obstante, en caso de querer cambiar algún punto, tendría que ser presentado en el IRAM un nuevo proyecto”, explica el comunicado de CEMERA.

Desde el sector señalaron además que Facundo Carrillo, Secretario de Atención y Gestión Ciudadana y representante del plan del Gobierno, reconoció finalmente en una carta de lectores en el diario La Nación que existe la norma técnica IRAM 3.517 y que se la seguiría cumpliendo pero en manos de los encargados de edificios.

CEMERA consideró que dicha alternativa “no es viable ya que los encargados no son técnicos, no tienen el conocimiento necesario y, aunque se los capacite, no tienen seguro de responsabilidad civil, que responda en caso de mala praxis salvaguardando los bienes personales y a las personas. A su vez, las empresas verifican con un ingeniero que se haya realizado correctamente el control y son supervisadas por IRAM o Bureau Veritas. Además hay edificios que no cuentan con encargado y en el caso de tenerlo, esta nueva tarea probablemente incurriría en una nueva negociación salarial”.

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